La dehesa de Extremadura

Está en tela de juicio la ley de la Dehesa de Extremadura. Se dice que es inconstitucional porque la Junta carece de competencia para imponer tributos a los propietarios renuentes a llevar a cabo una mínima explotación de sus predios ni para establecer la expropiación forzosa tan siquiera de uso y disfrute, que no es más que una especie de arrendamiento forzoso. De hecho, el Grupo de Coalición Popular en el Senado tiene presentado recurso en este sentido. Son reacciones legítimas y saludables en un Estado de derecho contra todo lo que huela a inconstitucionalidad.Pero sería lamentable, en cualquier caso, que este derecho sacrosanto que salvaguarda el orden jurídico-social se ejerciera desde el estamento político sin más miras que las de un simple puritanismo legal o de un huero triunfalismo político, ignorando frívolamente en sus planteamientos el fin social que se persigue. En este caso, la ley de la Dehesa de la comunidad autónoma de Extremadura pretende ser un remedio en potencia para la grave postración del campo extremeño, que es la fuente secular de supervivencia para los que vivimos aquí y el fundamento de nuestro futuro. Sería un error muy grave tratar únicamente de enervar remedios sin buscar alternativamente soluciones urgentes y operativas.

Es evidente que el campo extremeño, y con él toda la inmensa Extremadura rural, no puede esperar indefinidamente en la desolada incuria que, a excepción de contadas fincas, padece.

Para entenderlo no hay más que abrir los ojos a la realidad de los cortijos abandonados, las majadas derruidas, las mesanas embrozadas, la cabaña extremadamente restringida, los encinares -mediante potentes máquinas- en vía de insensata erradicación sin otra finalidad que la venta de la leña..., y los campesinos languideciendo en el paro y la indigencia a la sombra del campanario, como náufragos en un mar de hectáreas manifiesta, dolorosa, escandalosamente mejorables en su explotación, abandonadas totalmente, aprovechadas mínimamente o reducidas a la lúdica condición de cotos de caza.

Ciertamente existen algunos propietarios que mantienen la explotación de sus dehesas de manera ejemplar; otros, en precario, con escasa protección oficial y sin. más aliento que su. propio coraje. Para ellos también, lógicamente, urge una ley de la Dehesa.

Ésa es la cuestión. Ése es -el de reivindicar la productividad del campo como bien vital- el gran recurso de inconstitucionalidad que debería presentar Extremadura.