El embrollo de las cifras del paro

LA RECIENTE polémica en torno a la cifra real de parados se ha configurado con una mezcla de elementos estadísticos y criterios políticos de difícil deslinde. El que más y el que menos posee su propia cifra de desempleados, que maneja según la conveniencia política del momento. Por su parte, la indigencia de nuestro aparato estadístico alimenta cualquier tipo de especulación, de tal manera que es cada vez más difícil saber cuántos parados hay realmente en España.Los datos recientemente publicados por el Ministerio de Trabajo sobre la variación del paro registrado en el mes de julio arrojan una disminución del orden de unas 7.000 personas. Como de costumbre, no se precisa que esta disminución se transforma en aumento si se toman en consideración los factores estacionales, propicios al empleo en esta época del año. Sin embargo, cuando la estacionalidad es desfavorable para el empleo suele explicarse con detalle esta circunstancia; el tratamiento asimétrico que da el Ministerio de Trabajo a las cifras de paro registrado hace perder credibilidad a los análisis del mismo y previene en contra de los cambios de criterio en la confección de sus estadísticas, incluso si éstos están justificados.

El segundo problema que se ha planteado estos días es de naturaleza distinta y afecta al Instituto Nacional de Estadística. Este organismo acaba de modificar al alza todas las cifras de la encuesta de población activa. La razón de ello estriba en la comparación de los datos de la encuesta con los del censo de población de 1981, que arroja una infravaloración sistemática de todas las magnitudes estimadas trimestralmente en la encuesta de población activa. Hay, pues, en España más población activa, más empleados y más parados de los que decía la primitiva encuesta. Las razones de esta infravaloración son de carácter técnico y han sido denunciadas en más de una ocasión por analistas privados. En cualquier caso cabe preguntarse por las razones que han motivado una espera tan larga para modificar las cifras de la encuesta, puesto que los resultados del censo de 1981 hace ya varios años que fueron publicados.

El procedimiento utilizado por el Ministerio de Trabajo al relacionar las cifras de paro registrado con las nuevas cifras de población activa es, pues, correcto en la medida en que los servicios del Inem solamente evalúan una parte de la estadística, la correspondiente al número de parados, y no la que afecta al otro término de la comparación, la población activa, estimado por el INE. La modificación de este dato implica, lógicamente, la alteración del porcentaje de paro registrado en relación con la población activa. No habría costado ningún trabajo explicar esta cuestión con un mínimo de rigor en el momento de la presentación de los datos.

El último elemento de la cuestión está formado por las declaraciones del ministro de Economía, según el cual el porcentaje de parados en relación con la población activa es del 15% y no del 22% como dice la encuesta del INE. Aparentemente, esta afirmación se basa en un estudio confidencial de sus servicios sobre la economía sumergida en España. Si tal es la razón, urge la publicación de dicho estudio, pues lo que está en juego tiene la suficiente importancia como para sacar a la luz del día cuantos datos fidedignos se posean sobre la cuestión. En apoyo de las tesis del ministro puede aducirse la experiencia cotidiana de todos aquellos ciudadanos que necesitan hacer alguna reparación en su casa: cada día es más difícil encontrar un especialista cualquiera que realice el trabajo, lo cual no debería suceder si el número de desempleados fuese tan elevado como dicen las estadísticas. Aparentemente, las situaciones de fraude en la percepción del subsidio de desempleo son lo suficientemente numerosas como para que todo el mundo tenga su ejemplo que comentar. Pero todo esto son apreciaciones subjetivas que, lógicamente, deben desvanecerse ante los criterios fríos e imparciales del análisis estadístico. Por eso es de la mayor importancia que el Ministerio de Economía explique las razones que justifican sus afirmaciones. También sería aconsejable revisar a fondo los criterios y métodos de la encuesta, pues, ajuzgar por una polémica reciente, es probable que no recoja con precisión las variaciones del número de empleados, al menos en el sector público de la economía. En cualquier caso, lo que está en juego es la credibilidad del aparato estadístico de nuestro país. Mejorarlo es una de las asignaturas pendientes de este Gobierno.