¿Una variante vasca a la política de empleo?

Ejemplo de optimismo es la forma como se ha presentado en España el último informe anual de la OCDE, augurando un buen futuro a la economía española. Sin embargo, el mismo día que se presentaba en la Prensa este informe coyuntural, la encuesta de población activa reflejaba un nuevo aumento del paro.La realidad, viéndola desde este lado de la barricada, no es precisamente satisfactoria. Por ejemplo, el bajón del petróleo produce, entre otras consecuencias, un mayor empobrecimiento de los países del llamado Tercer Mundo. Mientras, los indicadores económicos no son fiables por el uso político, sesgado, que se hace de ellos y por los cambios que se introducen en su elaboración. Es el caso del IPC o la encuesta de paro registrado. Respecto del primero, las amas de casa saben que la cesta de la compra está subiendo por encima de lo que señala el IPC. En cuanto al segundo, los datos de paro registrado se congelan o desaceleran, no como efecto de la creación de empleo, sino porque se suprimen parados de las estadísticas. A estas alturas viene al pelo recordar esa costumbre no tan medieval de matar al mensajero para evitar las malas noticias. En este caso, para dar buenas informaciones de la situación económica se hace un uso unilateral de los datos.

La lectura del informe de la OCDE o las valoraciones de la Trilateral, recientemente reunida en Madrid, demuestran su afinidad con la política económica del Gobierno socialista, participan de esa imagen optimista, pero no pueden ocultar que carestía y paro son problemas aplazados. Habría que añadir que irresolubles en el contexto de la política económica diseñada y practicada. Mientras no se ataquen las causas de la crisis no hay margen para el optimismo desde el prisma de las clases populares.

La hegemonía de EE UU

La cumbre de Tokio ha significado un reagrupamiento del mundo capitalista más desarrollado en torno a Reagan (incluida la Trilateral, que en su día apostó por Carter). La hegemonía norteamericana no sólo se ha manifestado en el terreno político con la condena explícita a Libia removiendo las reservas de los dirigentes europeos, sino especialmente en el económico. Los jefes de Gobierno y ministros de finanzas reunidos en Tokio han decidido la reforma del sistema monetario internacional. Eso se hace en un momento en que Estados Unidos es consciente de su enorme déficit comercial, tras casi seis años de mantener una política de altos tipos de interés para captar el ahorro externo que ha permitido financiar la reestructuración tecnológica e industrial en la costa californiana, aunque haya producido como consecuencia una sobrevaloración del dólar.

Los recursos drenados del resto de países del mundo están sirviendo también para impulsar la carrera armamentista. Este rearme está muy ligado al proyecto de nuevas tecnologías integradas en el complejo militar industrial (microelectrónica, aeroespacial, química desarrollada, etcétera). Todo el sentido de la modernización es una apuesta por la militarización de la economía. Conseguida la supremacía tecnológica y militar, Estados Unidos tiene que devolver al dólar su valor real para que los exportadores norteamericanos puedan competir en el mercado internacional.

Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional ha impuesto unas políticas de ajuste muy estrictas a los países con déficit en su balanza de pagos, menos a los propios Estados Unidos, lo que ha supuesto un empobrecimiento impresionante del llamado Tercer Mundo, agravándose los desequilibrios Norte-Sur.

La política de ajuste que se hace a costa de trasvasar los salarios a las rentas de capital y el capital público al privado, con el consiguiente deterioro del papel social del Estado, también afecta a los trabajadores de los propios países capitalístas.

Es la política que viene aplicando el Gobierno del PSOE y la que promete seguir profundizando tras ganar las últimas elecciones generales el pasado 22 de junio.

Los efectos son conocidos por todos: crecimiento impresionante del paro, desmantelamiento industrial, disgregación social; incluso en zonas industriales como Euskadi empiezan a aparecer bolsas de pobreza.

Más de un diagnóstico

El teatro político vasco ha vivido recientemente una escena muy representativa de este panorama descrito. Me refiero al informe de Jon Azua sobre el paro en Euskadi. Los datos que suministra al Parlamento el consejero de Trabajo del Gobierno vasco son demoledores. Sin embargo, en los mismos días el vicelendakari García Egotxeaga plantea cifras de crecimiento neto de empleo y de empresas; en su opinión, hay una reactivación de la economía vasca. Es el contrapunto.

Los datos del Gobierno vasco sitúan en 250.000 el número de parados en fechas próximas. En otras palabras, si ahora uno de cada cuatro vascos carece de empleo, pronto sólo tendrán trabajo dos de cada tres. En 10 años la socíedad vasca ha perdido 194.000 puestos de trabajo, de ellos 143.000 en la industria, y, lo que es peor, el consejero de Trabajo apunta que el paro seguirá aumentando en Euskadi.

Sobre el crecimiento del número de parados por la destrucción de empleo industrial sin creación de puestos de trabajo alternativos más envejecimiento de la población, más la necesidad de nuevas reestructuraciones de la industria, PNV y el Partido Socialista de Euskadi-PSOE coinciden, hacen diagnósticos similares.

Pero eso no quiere decir que sólo exista un diagnóstico, como ellos afirman.

Existe otra alternativa que parte de la base de considerar el paro y el desmantelamíento industrial como un efecto de una determinada política económica que favorece a las rentas del capital pero que es contraria a los intereses de los trabajadores y de los pueblos.

Las consecuencias de este diagnóstico alternativo son que para acabar con el paro hay que atajar las causas de la crisis, sustituir el actual modelo de desarrollo económico, agotado, inservible, por otro de economía mixta, privada y pública, sirviéndose del sector público para tirar de la economía y utilizando el recurso de la planificación democrática, que tendería a reforzar la autonomía de las economías locales, confiando más en las propias fuerzas.

La vía que prevalece en la actualidad, incluso en algunos sindicatos y partidos de izquierda, es la de amortiguar los efectos de la crisis, la de repartir las cargas pero sin atacar las causas, en una deformación de lo que fue la política de solidaridad.

En Euskadi, el PSE-PSOE propone ensanchar el pacto de legislatura con un pacto social a la vasca.

García Egotxeaga, descartando el "acuerdo tipo AES, sin contenido", aboga igualmente por "la concertación entre organizaciones patronales y sindicales a través de: mecanismos institucionales existentes en el País vasco, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Relaciones Laborales". A este, el Gobierno vasco le llama un compromiso vasco para el empleo.

Jon Azua avanzó algunas concreciones sobre el compromiso. En línea con lo que afirmamos más arriba, si para el Gobierno vasco el crecimiento del paro es inevitable, empeñarán sus esfuerzos no en crear empleos, sino en dar cobertura a esos cientos de miles de parados.

Pues bien, sólo uno de cada seis parados en Euskadi (cifras oficiales del Gobierno vasco) tiene subsidío; por tanto, aumentar la cobertura hasta promedios europeos supone un fuerte desembolso económico. Para resolver este problema proponen aumentar el tipo medio de¡ IVA, es decir, los impuestos indirectos, con lo cual serían las clases populares las que volverían a pagar los efectos de la crisis del sistema.

No hay, pues, variante vasca a la política económica que realiza el Gobierno central y que impone y defiende la gran patronal. Estamos en las mismas. Es más, según las fuentes capitalistas más autorizadas, durante un largo período de tiempo la industria no va a crear empleo aunque se produjera la deseada reactivación; el propio Gobierno de Lakua maneja estos datos: en el 85, el incremento del producto vasco bruto ha aumentado en dos puntos mientras el empleo bajó en 0,5 puntos.

Sólo existe una posibilidad de crear empleo y reducir el paro. Una de ellas es reestructurar y reconvertir las empresas al mismo tiempo que se crean nuevas industrias, es decir, reindustrializar. Pero ese crecimiento industrial debe ir acompañado de la mejora y desarrollo de los servicios sociales (escuelas, centros de salud, medios de transporte, etcétera), de una nueva distribución del empleo y del tiempo libre, de una reducción articulada y progresiva del tiempo de trabajo.

Se plantea no sólo la cantidad de crecimiento (si va a ser tres, cuatro o cinco puntos el crecimiento del PIB, por ejemplo), sino la calidad, la dirección de ese desarrollo. Es necesario entrelazar crecimiento industrial, nuevas tecnologías, reducción del tiempo de trabajo, promoción cultural y reciclaje con la creación de empleo en una política de planificación que dirija el desarrollo económico en la dirección que más interese al país.

Con la planificación dernocrática de la economía se evitaría el despilfarro de recursos y su utilización fraudulenta, se podrían abordar todos los sectores que necesitan una transformación productiva y no sólo los que benefician al capital privado, se utilizarían criterios de rentabilidad social y de generación de empleo.

Éste debería ser, a nuestro juicio, un auténtico compromiso para el Gobierno de la comunidad autónoma vasca, y más allá, para el Gobierno central.