El Gobierno central y el vasco mantienen una pugna desde hace un mes
El presidente del Gobierno, Felipe González, intentó cerrar el pasado 5 de agosto el enfrentamiento dialéctico que durante el último mes enfrentó al Ejecutivo del Estado con el Gobierno autónomo vasco sobre la conveniencia o no de una negociación con ETA. Ese día, Felipe González dijo: "El Gobierno no cree que pueda haber una negociación con ETA. Si alguien defiende la negociación política, habría que decir qué están dispuestos a entregar a ETA bajo el chantaje del terror".
El Ejecutivo vasco respondió el pasado día 6 a través de su portavoz, Eugenio Ibarzábal. El Gobierno vasco preguntó al central si creía que la política exclusivamente policial podría acabar definitivamente con ETA, qué plazo necesitaba para ello y qué coste estaba dispuesto a asumir. El Ejecutivo de Vitoria recordó que jamás había excluido la vía del diálogo y la de la negociación, en la que está dispuesto a aceptar "todo aquello que no transgreda el Estatuto y la Constitución, ni suponga imposición alguna por parte de nadie sobre lo que sienten, deciden y votan en las urnas la mayoría de los ciudadanos de este país".La polémica sobre la negociación se inició a finales del pasado mes, cuando Ibarzábal transmitió el escepticismo del Gobierno vasco ante las primeras expulsiones de presuntos activistas de ETA por parte de Francia. El vicesecretario del PSOE de Euskadi, Juan Manuel Eguiagaray, respondió señalando: "Resulta una broma a estas alturas que el Gobierno vasco pretenda escudarse en frases hechas y referencias reiterativas al escepticismo para negar su apoyo a la entrega de miembros de ETA a las autoridades españolas".
El 31 de julio, el lendakari José Antonio Ardanza dijo: "Exclusivamente con medidas como las expulsiones de etarras no se va a llegar a resolver el problema" del terrorismo. "Es lógico que haya medidas policiales, pero nosotros no estamos muy satisfechos porque no se están aplicando otras mucho más amplias, que realmente puedan abordar el problema de fondo", añadió el presidente del Gobierno autónomo.
Ese mismo día, Ramón Jáuregui, delegado del Gobierno central en el País Vasco, consideró intolerable la posición del Ejecutivo autónomo. El Iendakari le respondió el 1 de agosto señalando: "El Gobierno central se está poniendo nervioso". Ardanza acusó al Ejecutivo de Madrid de desear que todos sean "como corderitos a las órdenes del pastor". El portavoz del Gobierno central, Javier Solana, replicó ese mismo día, en una contundente declaración institucional, mostrando su "sorpresa" por la actitud del Ejecutivo vasco, al que recordó que tampoco apoyó en su día la política de deportaciones de etarras a otros países.
Medios políticos señalaron en ese momento que las críticas expresadas por el Gobierno de Ardanza respondían al descontento provocado por la sorda batalla que se libró en torno al destino final de Txomin Iturbe, considerado el máximo dirigente de ETA. Su deportación a Gabón fue considerada por el Ejecutivo de Vitoria como un error muy grave. La expulsión de Francia de Txomin Iturbe frustró un plan de diálogo con ETA que elaboraba el PNV con el beneplácito del Gobierno vasco, según reconocieron fuentes nacionalistas.
El 3 de agosto, Xabier Arzalluz, presidente del PNV, afirmaba en un artículo aparecido en el diario Deia: "ETA está dispuesta a dialogar, y Madrid, no". En el artículo, el presidente del PNV aludió a una falta de colaboración entre el Gobierno central y el vasco. "Cada vez más acusadamente, en materia de ETA no pintarnos nada, no se nos escucha, no se nos responde", decía.
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