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80 recursos contra la adjudicación de loterías en Alicante y Murcia

Ochenta ciudadanos han recurrido ante el Ministerio de Economía y Hacienda contra la adjudicación de 85 administraciones de lotería en Alicante y Murcia, según confirmaron ayer los responsables del organismo de Loterías y Apuestas del Ministerio de Economía y Hacienda. Fuentes de este ministerio aseguraron ayer desconocer el número de denuncias presentadas ante las delegaciones de Hacienda en el resto de las provincias. Paralelamente, tanto Alianza Popular (AP) como el Centro Democrático y Social (CDS) han pedido por vía parlamentaria explicaciones al Gobierno, y el Partido Comunista de España (PCE) ha solicitado dimisiones de alcaldes socialistas extremeños por la concesión de administraciones a sus esposas.

La avalancha de concursantes que intentaron conseguir un puesto de venta de lotería en Murcia da una idea del interés que ha levantado el concurso convocado para "todos los españoles" durante este verano. En Murcia, para 31 puestos vacantes accedieron al concurso 485 personas, mientras que en Alicante y provincia para 72 vacantes hubo 107 peticiones.En una resolución del Ministerio de Economía y Hacienda publicada el 5 de agosto de 1985 en el Boletín Oficial del Estado, el ministerio establecía las reglas a seguir por quienes descaran optar al concurso para la concesión de loterías. Esta resolución excluía del concurso a cualquier persona que fuera funcionario de la Administración, ya fuera esta municipal, de comunidad autónoma de cualquier corporación local, Seguridad Social o empresas públicas, a menos que el concursante se comprometiera a solicitar la excedencia de su cargo antes de acceder a la titularidad de su lotería. No se especifica nada sobre los familiares de estos.

El requisito fundamental para la discutida concesión de los puestos de venta de lotería, parece ser el criterio de localización comercial de los locales que concurren al concurso. Además de planos de locales y de situación dentro de la ciudad, los concursantes debieron depositar 500.000 pesetas de fianza, que serviría para asegurar la venta de 250.000 pesetas mensuales que exige la Administración en caso de conceder el despacho. La Comisión encargada de valorar los locales presentados a concurso está presidida por el gobernador civil de la provincia, según un decreto de julio de 1985.

Dos denuncias

Varias personas anunciaron, en comunicación telefónica con este periódico, que habían presentado nuevas denuncias ante las delegaciones de Hacienda por la concesión de loterías.María Pilar Inés Juara ha presentado una denuncia por la concesión de una administración de lotería a un cuñado de un funcionario del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), mientras María Jesús Barbero, de El Tiemblo (Ávila), ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional por otra concesión de lotería a la que considera tener preferencia. En esta localidad la administración de lotería ha sido otorgada a una trabajadora de la Renault que tiene su local en la periferia del pueblo, mientras que el céntrico local que presentó al concurso María Jesús Barbero no ha sido ni siquiera puntuado, siempre según la denunciante.

El asunto de las loterías está creando pólemica en Afianza Popular, informa Joaquín Genís desde Alicante. El diputado de Alianza Popular por esta ciudad, Juan Antonio Montesinos, no descarta emprender acciones judiciales contra dos dirigentes de su partido en Elche, que le han acusado ante el comité nacional de disciplina de haber solicitado del ex gobernador civil de la provincia, Octavio Cabezas, la concesión de despachos de lotería para tres amigos suyos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de agosto de 1986

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