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Una nueva ley francesa permite expulsar a cualquier extranjero que sea "una amenaza para el orden público"

El Gobierno de Francia dispone desde ayer de una nueva ley que le permite expulsar del país, por decisión del prefecto de policía y sin intervención judicial, a cualquier extranjero cuya presencia en territorio galo constituya "una amenaza grave para el orden público". La nueva ley, que ha sido ya aprobada por la Asamblea Nacional y por el Senado, sustituye, entre otras, a la ordenanza de 1945 sobre expulsiones de urgencia absoluta, que se aplicó en julio a cinco vascos españoles relacionados con ETA. "Nos sentimos más cómodos porque ya no pueden reprocharnos que aplicamos un texto antiguo. Además, ahora se trata de una ley y no de una simple ordenanza" explicó a EL PAÍS el portavoz del ministro encargado de la Seguridad, Robert Pandraud.

El portavoz señaló que, dadas las "excelentes" relaciones que existen entre los Gobiernos de París y de Madrid, es previsible que la ley se aplique "siempre que se considere necesario" a los vascos españoles que residen en el sur de Francia.La nueva legislación refuerza en términos generales, y de manera notable, los poderes del Ministerio del Interior. Hasta ahora existían dos procedimientos para expulsar a un extranjero, el normal, regulado por una ley, de 1981, y el de urgencia absoluta. En el primer caso, la decisión no estaba en manos del Gobierno sino en las de una comisión compuesta por magistrados, que debía apreciar si existía "amenaza grave para el orden público". Con la nueva ley, la comisión pasa a tener un papel puramente consultivo y son las autoridades administrativas (el Ministerio del Interior) las que deciden si hay o no amenaza". Además, la mención de gravedad desaparece.

En el segundo caso, la ordenanza de 1945 permitía una expulsión urgente, sin que intervinieran los magistrados, siempre que existiera "una necesidad imperiosa para la seguridad del Estado o para la seguridad pública". A partir de ahora, bastará con que se aprecie una "amenaza particulamente grave para el orden público". El prefecto de policía puede ordenar así en cuestión de minutos la expulsión de cualiquier extranjero. El Gobierno aceptó en el último momento una enmienda destinada a impedir que se aplique este procedimiento especial a menores de 18 años, que tendrán que comparecer obligatoriamente ante la comisiónjudicial.

La nueva ley no afecta a quienes posean el estatuto de refugiado político (hay 19 vascos españoles en ese caso) ni a quienes se encuentra, reclamados por la justicia de otro país. Los refugiados pueden ser expulsados del territorio francés, pero no por la vía de urgencia ni al país del que proceden. Este fue el motivo por el que se decidió enviar a Gabón a Txomin Iturbe. En cuanto a los extranjeros reclamados por la justicia de otro país, se seguirán los trámites normales previstos en los correspondientes tratados de extiradición.

Preocupación 'abertzale'

La nueva normativa endurece también las condiciones para obtener el permiso de residencia, pero este capítulo no afectará a los vascos españoles, que disfrutarán del trato preferente reservado a los ciudadanos de países de la Comunidad Europea.Medios abertzales franceses se han apresurado a manifestar su "honda preocupación", ya que temen que la nueva ley sea aplicada rápida y regularmente a los vascos españoles fichados por la policia francesa por sus relaciones con ETA.

"La expulsión", afirman dichos medios, "ha dejado de ser competencia de los jueces para convertirse en una simple decisión administrativa. Si el ministro del Interior tiene la voluntad política de enviar a España a un gran número de simpatizantes nacionalistas, no habrá ningún medio de impedirlo".

Portavoces del Gobierno de Jacques Chirac aseguraron que la ley se aplicará exclusivamente a personas que constituyan una amenaza para el orden público y que esa definición comprende también a las personas vinculadas con grupos violentos.

Fuentes vascofrancesas pusieron de manifiesto que los mienibros más significados de ETA se encuentran ya reclamados por la justicia española, lo que implica que en el caso de ser detenidos tendrían que someterse a procedimientos de extradición.

La nueva ley ha provocado tanibién malestar en las organizaciones de defensa de los derechos del hombre y protección de los inmigrantes, especialmente los procedentes de Marruecos y de Argelia, que se ven sometidos ahora a una normativa de residencia más dura y arbitraria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de agosto de 1986

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