Los ayuntamientos estudian hoy su crítica situación económica

La Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde de Valencia, Ricard Pérez Casado, del PSOE, se reúne hoy en la capital valenciana con el fin de estudiar la situación económica de las corporaciones locales y provinciales. Éste es el punto central del orden del día, como consecuencia de la congelación de las transferencias de la Administración central y el retraso en la promulgación de la nueva ley de Financiación Local.

En la reunión, prevista para hoy, que se celebrará en el Ayuntamiento de Valencia, estarán presentes el presidente de la FEMP y alcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños; el alcalde en funciones de Barcelona, Joaquim de Nadal, y el alcalde de Zaragoza, Antonio González Triviño, así como los presidentes de las diputaciones provinciales de Palencia y Albacete, y concejales de los ayuntamientos de Oviedo y Córdoba, entre otros miembros de la comisión de Hacienda de la FEMP.La reunión está programada con la intención de establecer una estrategia conjunta de cara a solicitar ayuda de la Administración central para resolver los graves problemas económicos que tienen planteados los ayuntamientos. La Administración se hizo cargo en 1983 de los déficit acumulados (por un valor total aproximado de 147.000 millones de pesetas) merced a la llamada ley de saneamiento de las haciendas locales. Desde el momento de esa puesta a cero, la situación de los ayuntamientos no sólo no ha mejorado sino que se han incrementado las cantidades adeudadas por las corporaciones locales, hasta el punto de que ahora se encuentran al filo de la bancarrota.

Uno de los factores que pesan decisivamente en la situación actual de los ayuntamientos es la obligación, debido a una sentencia del Tribunal Constitucional, de devolver los recargos municipales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que superan los 6.000 millones de pesetas. Los ayuntamientos pretenden que sea la Administración central quien se haga cargo de las correspondientes devoluciones. A ello se suma la posibilidad de una futura sentencia del mismo tribunal, prevista para el próximo mes de septiembre, que anule el incremento de los tipos impositivos de la contribución territorial y urbana. Por este concepto los ayuntamientos pueden llegar a perder, en su conjunto, una recaudación superior a los 100.000 millones de pesetas.

Junto a estas complicaciones, los ayuntamientos se han encontrado en el presente ejercicio con que la Administración central decidió congelar el monto de sus transferencias a las administraciones locales, lo que en la práctica ha venido a suponer una disminución real de éstas.