Muerte en la mar

UN PESQUERO español ha vuelto a ser ametrallado y un marinero de 42 años ha muerto como consecuencia de un ataque procedente de una embarcación Zodiac, a seis millas de la costa del Sáhara occidental. Los autores de la agresión no han sido identificados todavía, pero cuesta poco deducir que se trata de una acción del Frente Polisario. A sólo unos 75 kilómetros de ese lugar fueron ametrallados en septiembre del año pasado el pesquero artesanal canario Junquito y la patrullera de la Armada española Tagomago.

Tras aquel asalto, en el que murieron dos españoles y fueron apresados seis marinos, el Gobierno español tomó la decisión, una vez liberados los rehenes, de expulsar a todas las personas identificadas como polisario y de clausurar las oficinas saharauis que funcionaban en "régimen de tolerancia" en España. La reacción de las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática fue virulenta y calificó la medida española como "un acto criminal contra los pueblos saharaui y español", anunciando que sus consecuencias expondrían "a centenares de pesqueros españoles a peligros sin precedentes".

¿Sin precedentes? Es imposible saber si este último ataque es el primer paso de una represalia consistente en acciones más encarnizadas. En todo caso, no puede decirse que ni la agresión del Junquito ni la del martes pasado constituyan desgraciadamente una novedad. En conjunto, y desde 1977, han sido ametrallados o abordados un total de 17 barcos, uno más hundido (el Cruz del Mar), 14 tripulantes resultaron heridos y 10 muertos. Ante esta sucesión de acontecimientos era obvio que el Gobierno español tenía que tomar alguna decisión respecto a una organización política que se cree con derecho a asaltar nuestros barcos de pesca, a ametrallar nuestros buques de guerra y a matar a nuestros ciudadanos.

Esto dicho, y sin que suponga restar un adarme a la gravedad de la acción del Polisario, parece probado que el pesquero español víctima del ametrallamiento se encontraba en el temerario espacio que Marruecos considera ventana de seguridad o zona de guerra con la RASD, dentro de las 12 millas y en el tramo más meridional del Sáhara occidental fuera del control alauí. Aventurarse en esas aguas se considera tan arriesgado que, según ha declarado el jefe de operaciones marítimas de la Zona Militar de Canarias, el pesquero español fue conminado por la comandancia durante los tres días anteriores, y con mensajes radiofónicos cada dos horas, a abandonar urgentemente la zona.. El peligro puede estimarse mayor si se tiene en cuenta que los pesqueros de armadores españoles suelen enarbolar, por razones de conveniencia, bandera marroquí, enseña de¡ país con el que el Frente Polisario se halla en guerra.

Convenir que este suceso -capaz de haber multiplicado sus víctimas- es sólo una consecuencia de la violencia empleada por el Polisario o, sin más, un efecto de la temeridad de la tripulación sería simplificar el fondo y la categoría de la tragedia. Algo más allá de la. libre voluntad de los pescadores les presiona a faenar en lugares que se conocen por su marca de muerte. Y algo, además de las medidas de orden diplomático, deberían hacer los responsables españoles, para impedir que el trabajo de la pesca se convierta con tan insoportable frecuencia en una crónica de muerte. Es preciso que el Gobierno tome medidas contra aquellos armadores que de forma temeraria envían sus barcos a pescar en aguas prohibidas. En cualquier caso debe garantizarse, mediante acuerdos internacionales, que quienes se dedican a un sector tan importante para nuestra industria como es el de la pesca no estén amenazados, además de por la peligrosidad de su oficio, por la belicosidad de estos agresores.