Dirigentes del PSOE, implicados en concesiones irregulares de administraciones de lotería

Cargos públicos y políticos comarcales del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura, familiares suyos o personas vinculadas a ellos han sido beneficiados con la concesión de la práctica totalidad de las administraciones de lotería de la zona, según ha quedado demostrado a medida que han ido apareciendo las correspondientes adjudicaciones en el Boletín Oficial del Estado.De las 11 administraciones que hasta la fecha se han adjudicado en la zona, nueve de ellas han sido concedidas a cargos del PSOE o a personas vinculadas familiarmente con ellos. La ejecutiva valenciana del PSOE estudió en su reunión de ayer la veracidad de estas acusaciones. Un portavoz de la dirección del PSPV-PSOE aseguró que era muy probable que se abriera una investigación para esclarecer los hechos y añadió que no tenía constancia de que la ejecutiva federal hubiera abordado el tema.

Las adjudicaciones realizadas hasta la fecha en las que se presume algún tipo de irregularidad afectan a los municipios de Albatera, Benejúzar, Bigastro, Cox, Dolores, Guardamar del Segura, Orihuela, Rafal y Redován.

Cuatro parlamentarios alicantinos del CDS, AP, Partido Liberal y PDP, -respectivamente Rafael Martínez Campillo, José Cholbi Diego, Miguel Barceló y Juan Rovira-, han anunciado que presentarán una interpelación al Gobierno en relación con la existencia de presuntas irregularidaes en estas concesiones. Por su parte, el diputado autonómico Antonio Alonso, de Coalición Popular, presentará una interpelación similar al Gobierno valenciano.

Mientras, los concejales de Coalición Popular y de Unitat del Poble Valencià del Ayuntamiento de Benidorin han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario sobre la adjudicación, presuntamente irregular, de administraciones de lotería en dicha localidad.

El artículo 155 del Reglamento de Loterías establece que los cargos públicos no pueden ser titulares ni gestionar estas administraciones y el 176 señala que los titulares tendrán que residir en las localidades donde se ubique la administración.