Los recursos estatales cedidos a las autonomías se han multiplicado por cinco en tres años

Los recursos del Estado transferidos a las comunidades autónomas se han multiplicado por cinco en los últimos tres años, pasando de 184.800 millones de pesetas en 1983 a 942.200 millones en 1985. Este volumen de recursos representa ahora un 15,8% de los gastos no financieros del Estado, frente a un 4,2% de entonces.

El fuerte incremento de las transferencias fue utilizado como argumento básico para ilustrar los cambios en la descentralización financiera y en los mecanismos de financiación de las autonomías por el director del gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, en su intervención en el seminario Opciones fiscales de los años ochenta que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.A pesar de los avances que demuestran las cifras, existen dificultades para establecer el mecanismo definitivo de financiación autonómica que están negociando los representantes de los Gobiernos central y autonómicos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El objetivo de garantizar la autosuficiencia financiera para gestionar los servicios transferidos y la redistribución de renta en base al principio de solidaridad interregional se enfrenta a criterios encontrados, que van desde la escasez de recursos a la autonomía de gestión sobre el dinero transferido.

Las comunidades autónomas, conjuntamente con los ayuntamientos, cosecharon el pasado año un déficit de 90.000 millones de pesetas, que han venido a engrosar el saldo negativo de la economía española. Corno vía de autofinanciación complementaria, varios ponentes coincidieron en apuntar la corresponsabilidad tributaria de los Gobiernos autonómicos.

La ventaja, y a la vez el compromiso político que aporta el saber "quién exige qué a cambio de qué", en palabras del profesor Alejandro Pedrós, tiene unos techos legales y exige prudencia en su desarrollo. La única iniciativa, protagonizada por la Comunidad de Madrid, que intentó imponer un recargo sobre el impuesto de la renta se saldó con el fracaso jurídico, al margen de la oposición social que este tipo de medidas despierta. Contra la quiebra de la igualdad en el trato fiscal queda oponerse con el voto, y como último recurso, lo que algunos denominan "votar con los pies", al cambiar de autonomía de residencia.

Las propuestas, además del recargo, se dirigen a que sean las autonomías las que asuman las contribuciones urbana y rústica y las licencias municipales, para lo cual habría que compensar económicamente a los ayuntamientos. Además, se plantea para el futuro absorber los ingresos derivados del IVA en su fase minorista, tema en el cual los representantes de la Administración central argumentan las dificultades de gestión.

Déficit público

La financiación autonómica propuesta por el Gobierno trata de solucionar el llamado efecto financiero, provocado por el distinto ritmo entre los gastos del Estado y de las autonomías y que repercute negativamente sobre el déficit público.También está sobre la mesa la corrección del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que en su configuración actual genera desajustes entre la financiación de nuevas inversiones y la distribución solidaria de las rentas.

La financiación que recibe España del Fondo de Desarrollo Regional de la Comunidad Europea (CE) impone cambios. Estas modificaciones deben hacerse teniendo en cuenta toda la inversión pública, porque la situación actual da pie a desigualdades manifiestas. El catadrático Braulio Medel señaló que en 1982 Andalucía recibió del FCI 47.101 millones de pesetas y Madrid 9.476 millones. Pero la suma de las inversiones públicas totales ofrece 168.306 millones a Madrid y 144.579 a Andalucía.

La oferta de la Administración, según Antonio Zabalza, que sólo puede ser mantenida si encuentra una amplia aceptación, se basa en el marco diseñado por la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), aunque se introducen modificaciones.

Alejandro Pedrós, desde una óptica coincidente con las posiciones políticas de la Generalitat de Cataluña, defendió la necesidad de modificar la ley de financiación.