Inquietan las confiscaciones

R. V.,Los medios empresariales filipinos comienzan a interrogarse sobre la amplitud que está tomando la actuación de la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno, creada por Cory Aquino para intervenir, confiscar y, eventualmente, nacionalizar o vender las empresas y negocios en los que tenían participación Ferdinand Marcos o su esposa Imelda, así como su círculo de amistades. Entre ellas destacaban, en el clan de los negocios, Eduardo Cojuangco, conocido como el rey del coco, tío de la actual presidenta Corazón (Cojuangco) Aquino y actualmente exiliado en Estados Unidos.

Las decisiones de la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno, presidida por Jovito, Salonga, afectan ya a unas 200 empresas. El caso más importante ha sido la intervención de parte de las acciones de San Miguel Corporation, empresa agroalimentaria fabricante, entre otros productos, de la cerveza San Miguel. El Gobierno ha paralizado una compra de la mayoría de acciones a Andy Soriano -por temor a que sea una operación vinculada con Cojuangco, ex accionista mayoritario-, hijo del fundador del imperio de la San Miguel, con fábricas en España.

Recientemente el Gobierno confiscó igualmente el 95% de las acciones del United Coconut Planters Bank, en el que Cojuangco, era también accionista mayoritario y en el que Juan Ponce Enrile, actual ministro de Defensa, ocupó la presidencia durante 11 años. La operación de intervención del banco de los cocoteros fue seguida esta semana por la confiscación de los fondos de Cocofet, la organización de 1.400.000 plantadores de cocos. Estos pagaban un levy (un céntimo de peso) por cada coco al Cocofet y el dinero recaudado repercutía, según sus dirigentes, en beneficios sociales para los agricultores, aunque según el Gobierno era una fortuna controlada por el rey del coco para sus negocios privados.

La Administración de Aquino paralizó igualmente la puesta en funcionamiento de la primera central nuclear filipina, construida por la firrna estadounidense Westinghouse, cumpliendo así su promesa electoral con los antinucleares, El Gobierno investiga si hubo o no multimillonarias comisiones a Marcos por la construcción de una obra de 2.000 millones de dólares.