El Supremo desestima el recurso de Hacienda contra un auto favorable a los inspectores fiscales

El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que desestima la impugnación presentada por la Administración pública contra una resolución favorable a los inspectores fiscales, que acordó suspender la convocatoria de Hacienda para proveer puestos de libre designación. Este litigio, provocado por la ausencia de reglamentación profesional, es una de las partes centrales del conflicto que el cuerpo de inspectores fiscales mantiene con el ministerio.

El auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que será publicado en la revista Gaceta Fiscal, no entra en el fondo del asunto, ya dictaminado por una resolución anterior favorable a las pretensiones de los inspectores fiscales dictada por la Audiencia Territorial de Madrid. El Supremo dedica dos de los tres fundamentos de derecho a considerar indebidamente admitido el recurso del letrado del Estado, en cuyo escrito "no se hace razonamiento alguno en que fundamente su pretensión impugnadora del auto recurrido".

Esta pasividad del letrado del Estado llama la atención del Supremo, quien recuerda que una muy reiterada doctrina "ha establecido que debe entenderse mal preparado el recurso de apelación cuando éste solamente se interpone pero no se alegan ante la sala sentenciadora, mediante escrito razonado, los motivos por los que se impugnan la sentencia apelada; y en el presente caso, el letrado del Estado interpuso el escrito de apelación careciendo de todo razonamiento dirigido a fundamentar su pretensión frente a los argumentos del auto impugnado".

Este criterio del Supremo, recogido en siete sentencias "entre otras", no atendido por el representante legal de la Administración del Estado, es la causa para que la Sala Tercera haya considerado indebidamente admitido el recurso interpuesto contra el auto de la Audiencia Territorial de Madrid el pasado 14 de febrero.

Precedentes

En aquella ocasión la Audiencia dio la razón al recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas de la Administración Financiera y Tributaria, organización a la que están afiliados 720 de los 900 funcionarios de este cuerpo. La sala acordó decretar la suspensión de una convocatoria realizada por el subsecretario de Hacienda el 12 de septiembre de 1985 para cubrir unas plazas por el sistema de libre designación.Los inspectores fiscales reclaman una reglamentación del cuerpo que especifique los sistemas de ascensos, traslados y concursos, además de otras reivindicaciones profesionales y salariales.

Las negociaciones mantenidas con el director general de Inspección Financiera y Tributaria, Jaime Gaiteiro, y con el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, no fructificaron en ningún acuerdo.

Los representantes de la asociación manifestaron que esperaban también a la constitución del nuevo Gobierno para encontrar interloculocutores válidos.

Los inspectores fiscales, cuyos sueldos netos oscilan entre 200.000 y 300.000 pesetas mensuales, tienen encomendada la investigación tributaria de las empresas de mayor facturación, así como la de los grandes contribuyentes.