La mesa de la verdad

HOY SE abre, en la práctica, la negociación entre España y EE UU sobre la reducción de la presencia militar norteamericana en nuestro país, establecida según los términos del convenio bilateral aprobado en 1953 y sucesivamente renovado. La reducción. de las fuerzas estadounidenses en nuestro país fue planteada con anterioridad a la convocatoria del referéndum sobre la OTAN, pero la causa inmediata que ahora determina la negociación se encuentra en la aprobación por la mayoría del pueblo español de una cláusula condicionante de la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Dicha cláusula, recogida en la pregunta del referéndum, decía que "se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España". Con ello el Gobierno se comprometía a hacerla efectiva.Desde el primer momento, EE UU ha pretendido abordar la negociación con la denuncia del convenio bilateral existente y su sustitución por otro. Sin embargo, lo que hoy se abre, desde el punto de vista español, no es la revisión de la totalidad del convenio, sino sólo de lo concerniente a la presencia de los efectivos militares.

La fecha prevacacional en que se celebra la reunión y la propia necesidad de estudiar los textos hacen presumir que las próximas sesiones no se celebrarán hasta después del verano. Las alegaciones que se intercambien ahora serán, no obstante, significativas del talante con el que una y otra parte se sientan a la mesa y de los puntos más arduos para llegar a un acuerdo. En este sentido puede ser motivo de disputa cuál sea el significado que se atribuya al enunciado "reducción de la presencia militar". Muy elemental sería entender que con ello se alude exclusivamente a la disminución de "efectivos". La "presencia militar" de EE UU, según el texto del convenio de 1982, se concreta en Instalaciones de Apoyo (IDA), situadas en Rota y varias bases aéreas, pero también en "autorizaciones de uso", que engloban diversas funciones a cargo de fuerzas norteamericanas en España o apoyándose en España. En consecuencia, la pretendida reducción debe referirse a esas diversas formas de presencia y, para que sea sustancial, extenderse a la desaparición, por ejemplo, de instalaciones no españolas en Torrejón y Zaragoza.

Las bases han sido concebidas y empleadas por EE UU como piezas de su política militar, no sólo en la OTAN y como defensa frente a la amenaza soviética, sino en toda su estrategia en el Mediterráneo, en África y en el Oriente Próximo. Su utilización ha sido limitada en ciertos casos, pero la concepción de principio persiste. Al plantear la reducción, España puede aceptar el mantenimiento de los niveles de la defensa occidental, y asumir funciones que interesen tanto a España como a los objetivos comunes de la Alianza. Pero está fuera de lugar pretender que España pueda "sustituir" todas las misiones que los norteamericanos dejen de cumplir al reducir su presencia en nuestro país.

Por otro lado, existe un nexo indisociable entre esta negociación y por lo menos otras dos que España tiene planteadas: la referente a las modalidades de nuestra participación en la OTAN y la revisión del convenio bilateral con EE UU. Concretamente en el tema de las armas nucleares, el referéndum ha introducido una novedad radical sobre la situación precedente. Mientras en el convenio bilateral con Estados Unidos se dice que el "almacenamiento e instalación" de dichas armas queda supeditado al acuerdo del Gobierno español, la mayoría de este país ha votado en el referéndum "la prohibición de instalar, almacenar e introducir armas nucleares". Es de prever, pues, que las negociaciones no sean breves ni fáciles. El Gobierno tiene que demostrar en esta tesitura que sus condiciones para la permanencia en la OTAN no eran un miro aderezo o un señuelo y que es posible llevar a la práctica la oferta que se votó en las urnas.