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Los magistrados acuerdan decidir en noviembre sobre los procesamientos en el 'caso Banca Catalana'

Los magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona se han comprometido oficiosamente a decidr sobre la petición de procesamiento solicitada por el ministerio fiscal contra el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y otros 17 ex directivos de Banca Catalana antes de que finalice el mes de noviembre. Los magistrados llegaron a este acuerdo, que uno de ellos ha definido como un "pacto entre caballeros", en el pleno celebrado ayer en la Audiencia de Barcelona, al que asistieron 42 magistrados. En la reunión se adoptó la decisión de reabrir temporalmente la instrucción para poder tomar declaración al nuevo implicado, el ahogado Jaume Pujol, y se aprobaron algunas medidas de tipo procesal relacionadas con las peticiones de procesamiento y la nueva figura delictiva incorporada, la presunta maquinación para alterar el precio de las acciones. Este pleno actúa en sustitución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuya creación está prevista en la ley Orgánica del Poder Judicial.

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El pacto entre caballeros de los magistrados de la Audiencia de Barcelona se formula dos años después del inicio de las investigaciones del caso Banca Catalana y puede considerarse como una respuesta a la reciente petición de Jordi Pujol de que el asunto se resuelva con la máxima celeridad posible. Es la primera vez que los magistrados elaboran un mínimo calendario en relación a la instrucción del caso.El Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Jaume Amigó de Bonet, al informar a la Prensa de los acuerdos adoptados por el pleno, no hizo ninguna referencia a este pacto sobre el plazo de tiempo, pero aludió insistentemente a la necesidad el acelerar el procedimiento judicial. Amigó recalcó que "la preocupación del pleno era dar mayor rapidez y agilidad al procedimiento" y "acabar cuanto antes" Aseguró que está era también la preocupación del juez instructor Ignacio de Lecea, que debe jubilarse el próximo 22 de octubre.

Debate sobre Pujol

Al iniciarse el pleno, un grupo de magistrados [de los que la agencia Europa Press señala que son conocidos por sus ideas catalanistas"] propuso entrar directamente en el fondo de la cuestión y decidir sobre si se procesaba o no a Jordi Pujol, separándole de los demás implicados. Esta propuesta fue debatida, pero no resultó aceptable para la mayoría de los magistrados, que optaron por recibir, antes de hacer ningún pronunciamiento, copias de la documentación de los fiscales y del resto del sumario para conocer a fondo el caso.

El pleno acordó entregar a cada uno de los magistrados una copia de los folios que se consideren más importantes y reveladores del sumario. Sin embargo, la fórmula escogida por la asamblea ha causado cierta preocupación en medios allegados a la fiscalía. En estos medios se considera que al hacerse una selección de: los documentos y de las diligencias, algo que siempre resulta subjetivo, y no entregarse toda la documentación, podrían quedar excluidos del examen algunas pruebas, cuando absolutamente todas ellas son importantes.

Reapertura del sumario

En la conferencia de prensa celebrada tras la asamblea, el presidente del pleno y de la Audiencia Territorial, que estaba acompañado por el ponente de la causa, Vicente Navarro Verdejo, facilitó información sobre los acuerdos oficiales de los magistrados, entre los que destaca la decisión de: devolver el sumario ya instruido al juez Ignacio de Lecea, para que se tome declaración al nuevo querellado, Jaume Pujol, y para que se unan a la causa tanto la petición de procesamiento planteada recientemente por el ministerio fiscal como los documentos que acompañaban y daban respaldo a esta solicitud.

Jaume Amigó dijo que el pleno también había decidido ordenar al instructor que pusiera en conocimiento de los querellados las peticiones de procesamiento y la documentación presentada por los fiscales. Con ello se aplica el artículo 302 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge el derecho de las personas afectadas en un procedimiento judicial a conocer las decisiones y peticiones que les afectan.

El pleno acordó tambien que, dado que se reabre el sumario, Ignacio de Lecea obtenga testimonio sobre algunos bancos relacionados con Catalana, como el Banco de Alicante, y que se remita un oficio al Consejo General del Poder Judicial sobre unos supuestos extratipos bancarios en los que, al parecer, podría estar implicado un juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), según Europa Press. Con ello se completarán informaciones pedidas por los fiscales.

Este pleno de la Audiencia ha sido uno de los de más duración de cuantos se han celebrado sobre Banca Catalana: una hora y media. A la sesión asistieron 42 de los 50 magistrados que lo componen. Entre los ausentes figuraba el propio instructor, Ignacio de Lecea.

La opinión de Narcís Sierra

El ministro de Defensa en funciones, Narcís Serra, declaró ayer a La Vanguardia, sobre la petición de procesamientos en el caso Catalana, que espera, "por el bien de las instituciones", que, los jueces resuelvan el asunto "diciendo que no ha habido ningún delito". Reiteró que lo sucedido en aquella entidad bancaria es algo que corresponde estrictamente a, los jueces, pero opino: "Queda un tema absolutamente, evidente: la desastrosa gestión de Banca Catalana'.

Respecto a la politización de este asunto judicial, el dirigente, socialista catalán recordó que en la última campaña electoral únicamente Convergència sacó a la palestra Banca Catalana: "Jordi Pujol, diciendo que los que hablasen [del tema] se pillarían los dedos, pero ha hablado" y "Miquel Roca, diciendo que le extrañaba que no se hubiese utilizado [en la campaña]".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de julio de 1986

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