El Gobierno canario aprobará una nueva baja del precio de la gasolina

El vicepresidente del Gobierno autónomo canario, Juan Alberto Martín, anunció ayer en conferencia de prensa que el Ejecutivo regional aprobará con toda probabilidad en su consejo del 14 de julio una nueva reducción de los precios de la gasolina y otros derivados del petróleo -que deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros de la nación-, la tercera que se produciría en los últimos siete meses en las islas.Este anuncio del Ejecutivo canario coincide con la caída más espectacular en los últimos 11 años de los precios de los combustibles, coincidiendo con una importante crisis en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La modificación a la baja de los costes al público de los combustibles en el archipiélago podría producirse a principios de agosto, coincidiendo con la puesta en vigor de una ley del Gobierno autónomo en relación con el impuesto especial sobre productos derivados del petróleo, que es debatida actualmente en el Parlamento canario. Aunque el vicepresidente de dicho Ejecutivo no precisó en la conferencia de prensa la cuantía de la nueva disminución de los precios energéticos, se estima que la misma podría ascender a cinco pesetas, según aseguraba ayer el periódico La Provincia. En diciembre del año pasado y en febrero de 1985 el Gobierno autónomo propuso al Ministerio de Industria dos reducciones para los precios de los combustibles en las islas, que se cifraron globalmente en 21 pesetas. Los importes de los productos energéticos en las islas se sitúan en 49 y 54 pesetas para la gasolina normal y super, respectivamente, y en 42 pesetas para el gasóleo.

El nuevo abaratamiento de estos productos obedecería un intento del Gobierno autónomo de consumir el saldo a favor que posee con respecto a la Compañía Española de Petróleos (CEPSA), que se cifra, según fuentes oficiales, en alrededor de 10.000 millones de pesetas. Hasta ahora esta compañía ha establecido precios políticos, de acuerdo con las directrices del Gobierno regional, para subvencionar indirectamente sectores productivos de interés social. El Gobierno canario pretende, con la aplicación del impuesto especial sobre combustibles y la aprobación de un estatuto para regular el suministro de los productos energéticos en régimen de mayoristas, liberalizar los precios de los derivados de los crudos en Canarias y establecer con la citada carga fiscal un colchón que amortigüe las oscilaciones del dólar y del precio del barril de petróleo consiguiendo así estabilizar los precios y recaudar alrededor de 5.000 millones de pesetas, de acuerdo con las constantes económicas actuales.