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Procesado un nieto del conde de Romanones por su presunta implicación en el atraco al Banesto

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Luis Lerga, ha dictado auto de procesamiento contra Jaime Mesía Figueroa, nieto del conde de Romanones, por su supuesta implicación en el atraco a la sucursal del Banesto de la madrileña plaza ole la Lealtad perpetrado en enero de 1985 y del que se obtuvo un botín de 1.200 millones de pesetas. Mesía Figueroa actuaba como supuesto intermediario entre los delincuentes comunes que ejecutaron el atraco y unos policías supuestamente corruptos pertenecientes a la red descubierta recientemente en Santander y Bilbao.

El juez Lerga dictó el auto de procesamiento contra Jaime Mesía el pasado 29 de junio. En este auto se decreta la prisión incondicional bajo fianza de dos millones de pesetas del nieto del conde de Romanones. Jaime Mesía se encuentra en paradero desconocido, por lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 ha impulsado la correspondiente orden de busca y captura.El auto fue dictado dos días más tarde de que Jaime Mesía prestara declaración ante el magistrado Luis Lerga sobre los cargos de que le acusan. En estas declaraciones se encontraba presentes; José Ramón Torres Pérez, delincuente habitual, acusado, junto a otras personas, del atraco al Banesto. Tras el careo entre ambos, el juez dictó el procesamiento del nieto del conde de Romanones.

José Ramón Torres, de 36 años, ex miembro de la Coordinadora de Presos en Lucha (C0PEL), junto a otros seis delincuentes habituales procesados por perpetrar el atraco al Banesto, atraco en sus declaraciones a Jaime Mesía de actuar de intermediario entre policías supuestamente: corruptos y la banda propiamente dicha que realizó el asalto a la entidad bancaria. El juez Lerga dictó la semana pasada auto de prisión contra los policías Victoriano Gutiérrez Lobo, de 35 años, inspector de primera, jefe del Grupo Antiatracos número 1 de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, y Adelardo Rafael Martínez García, de 37, inspector de primera de la Brigada Central de Policía Judicial de Madrid, por presunta implicación en el atraco al Banesto.

Según el testimonio de Torres, Jaime Mesía propuso a éste en 1985 la realización de un golpe fuerte que contaría con el respaldo de "gente importante". Mesía conocía a Torres al menos desde 1978, época en la que ambos fueron acusados de perpetrar en Madrid el secuestro del joyero Recaredo González Pazos y el atraco a mano armada del industrial Felipe Batlló Iglesias. En estas acciones utilizaban, según fue publicado en sus días por diversos medios, nombres de grupos terroristas (ETA o Brigadas Rojas) para ejecutar sus golpes y exigir el rescate.

Armas e información

Según fuentes de los abogados de Torres, Jaime Mesía se puso a finales de 1984 de nuevo en contacto con su defendido y le proporcionó armas, información y un escáner (aparato que permite captar las frecuencias de la policía), provenientes de funcionarios policiales, según las citadas fuentes.

Tras diversas pruebas, orientadas a burlar la alarma del Banesto, el 31 de enero de 1985 siete delincuentes habituales atracaron la sucursal de este banco situada en la plaza de la Lealtad de Madrid y desvalijaron 71 cajas de seguridad, con un botín de 1.200 millones de pesetas y documeptos privados contenidos en dichas cajas.

Una semana después, los delincuentes fueron detenidos y el botín recuperado.

Los inspectores de policía Victoriano Gutiérrez y Adelardo Martínez se encuentran supuestamente implicados, junto a otros cinco funcionarios del Cuerpo Superior, en la red de corrupción descubierta el pasado mes de mayo en Santander. Tras el escándalo, la Dirección General de la Policía (DGP) abrió expediente disciplinario contra seis de estos agentes, y al restante, el ex comisario provincial de Santander Alejandro M¡yares Duque, le retiró la placa y la pistola al encontrarse en la actualidad en situación de retiro.

Fuentes de la defensa de Torres comentaron a este periódico la similitud entre los casos de Santander y Madrid. En el caso de Santander, un joyero de esta capital llamado Federico Venero, que a su vez era confidente de la policía, denunció el 13 de enero de 1986 ante un juez que era extorsionado por funcionarios policiales, que le obligaban a traficar con armas, drogas y a participar en atracos llevados a cabo desde 1981 en Madrid, Santander y Bilbao.

Federico Venero, tras su denuncia, se siente amenazado de muerte. En Madrid, según estas fuentes, era el nieto del conde de Romanones quien actuaba de presunto intermediario entre los delincuentes escogidos y la supuesta mafia policial.

Amenaza de muerte

El joyero Venero denunció, a su vez, que el delincuente habitual Santiago Corella, alias el Nani, detenido en Madrid en noviembre de 1983, murió de un infarto en un interrogatorio policial y fue enterrado en cal viva en Vicálvaro (Madrid).El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Martínez Arrieta, ordenó el pasado lunes la detención de tres policías por su presunta participación en la desaparición del delincuente el Nani.

Estos tres agentes son: Victoriano Gutiérrez; Francisco Aguilar González, de 34 años, adscrito a la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid, y Javier Fernández Álvarez, de 39 años, comisario jefe de la Brigada Regional de Policía Judicial de Bilbao.

Este último también se encuentra supuestamente implicado en la red de corrupción de Santander.

Los otros tres policías que han sido suspendidos de empleo y sueldo por la DGP tras saltar a la luz pública las presuntas corruptelas en la capital cántabra son Miguel Ángel Bercianos Torres, de 35 años, inspector de primera, jefe del Grupo Antiatracos de Bilbao; Antonio Caro Fontanillo, de 35 años, jefe del Grupo Antiatracos de la Brigada Regional de Policía Judicial de Santander, y Rafael Jaime Portela, de 37 años, adscrito al Grupo Antiatracos de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de julio de 1986

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