Injusticias del impuesto sobre la renta
Es POSIBLE que muchos españoles utilicen estos días suplementarios que nos ha deparado el calendario electoral para rellenar el impreso de la declaración sobre la renta. Los políticos de nuestro país han aprendido que es peligroso convocar a los ciudadanos a las urnas cuando éstos se encuentran luchando por comprender los impresos de Hacienda y han obrado en consecuencia, aplazando la fecha límite de la declaración de la renta. La medida fue prudente porque prácticamente todas las categorías sociales pagan hoy más impuestos que en 1982.Hacienda trata de hacer ver lo contrario con ejemplos comprensibles. Así, se dice que un matrimonio con dos hijos en el que solamente trabaje uno de los cónyuges percibiendo un salario anual de un millón de pesetas, pagaba en 1982 un 8,2% de sus ingresos al fisco. Si suponemos que esta familia, por las razones que fueran, no ha visto incrementados sus ingresos desde entonces, pagaría hoy un 3,9% de su renta en concepto del impuesto de la renta sobre las personas físicas. Pero este supuesto no es, ni con mucho, el más frecuente. Lo normal para esa familia habría sido que sus ingresos aumentasen más o menos en línea con el coste de la vida en cuyo caso el millón de 1982 se habría transformado en 1,36 millones en 1985, por los que deberán tributar un 10,2% de sus ingresos. Si en vez de fijarnos en la renta obtenida antes de pagar los impuestos nos fijamos en lo que en definitiva cuenta, es decir, en la renta disponible en términos reales, la familia considerada ha perdido entre 1982 y 1985 tres puntos de poder adquisitivo. En la carrera por el mantenimiento de los ingresos el único vencedor ha sido el fisco.
Las razones de esta evolución hay que buscarlas en la práctica del mantenimiento (cuando no el endurecimiento) de las escalas impositivas. Al aumentar la renta nominal, incluso si esta no hace sino seguir el coste de la vida, los perceptores de renta caen inexorablemente en escalones superiores de imposición y terminan perdiendo poder adquisitivo. En la mayoría de los países avanzados se corrige este efecto modificando los tramos impositivos en función de la inflación para no hacer de ésta un cómodo e invisible agente recaudador.
Algunos dirigentes socialistas se han extrañado de la pérdida de votos que ha experimentado la formación política donde militan en las grandes ciudades e incluso en los cinturones obreros en los que tradicionalmente han gozado de una fuerte implantación. Aunque aun es pronto para realizar análisis pormenorizados de lo sucedido, es probable que capas significativas de la clase media baja hayan cambiado el sentido de su voto como consecuencia del peso de unos impuestos que no han cesado de aumentar. El tratamiento fiscal de las rentas del trabajo representa, por referencia a las de profesionales y empresarios, una discriminación en contra de todos aquellos que cobran de una nómina.
Eso no quiere decir que no se haya avanzado en algunos aspectos. Tal es el caso de los matrimonios en los que trabajan los dos cónyuges, que este año tributarán algo menos que el pasado. Se amortigua así la penalización que existía para las familias legalmente constituidas. La nueva y complicada fórmula constituye un paso adelante en la solución de este problema, aun cuando lo lógico -y lo más simple- habría sido establecer la posibilidad de presentar declaraciones por separado.
Más polémica es la reforma de la tributación por plusvalías, especialmente cuando estas son negativas. El nuevo sistema, independientemente de la valoración que pueda realizarse en cuanto al fondo, tiene la peculiaridad de ser inmensamente complejo, estableciéndose sistemas diferentes de tributación en función de la fecha de adquisición de los títulos, lo cual produce un alto grado de desconcierto a los ciudadanos que no tienen la fortuna de contar con un asesor fiscal a la hora de rellenar su declaración.
La cita anual que tienen con la Hacienda pública más de seis millones de españoles es un momento de reflexión sobre lo que significa la solidaridad y la redistribución de la renta. Actualmente el sistema redistributivo funciona en gran medida dentro de la categoría de los asalariados -tanto a través de los impuestos como de las cuotas de la Seguridad Social-, detrayendo recursos de quienes ganan más y reponiendo las rentas de quienes ganan menos, esencialmente los pensionistas. Concurren a la cita, pero con escasa representación, una serie de categorías cuyo denominador común consiste en que sus rentas no transitan por una nómina y pueden, por consiguiente, evitar los rigores del fisco con cierta facilidad. Al final, la solución cómoda para aumentar los ingresos del Estado consiste en dejar las escalas impositivas como están para que la inflación realice el trabajo que los recaudadores no están en condiciones de llevar a cabo. Pero esta solución, además de no ser eterna, tiene unos costes políticos que empiezan a aflorar.
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