Tres leyes aprobadas por unanimidad

Las leyes de normalización lingüística en el País Vasco, Galicia y Cataluña fueron aprobadas por unanimidad en los respectivos parlamentos autónomos.El Parlamento de Cataluña aprobó el 6 de abril de 1983 el texto de la ley de Normalización Lingüística. Sólo un diputado, Joan Besa, entonces militante del Centro Democrático y Social (CDS), se abstuvo en la votación final, que registró 105 votos a favor: los de CiU, ERC, PSC, PSUC, Centristas de Cataluña y Alianza Popular. Unos días más tarde, y coincidiendo con la festividad de Sant Jordi, la ley del catalán entraba en vigor, después de largas horas de debates políticos y parlamentarios.

La ley de Normalización Lingüística del Gallego fue aprobada por el Parlamento unánimemente el 13 de junio de 1983. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso presentado por el Gobierno de la nación por el cual el fallo suprime la frase "deber de conocerlo" -el gallego-, lo que ha provocado duras críticas de los socialistas. La ley de normalización del euskera fue aprobada también por unanimidad el 24 de noviembre de 1982.

Los socialistas catalanes intentaron evitar que el Gobierno presentara recurso -antes de que eltexto fuera aprobado- contra dos apartados de la ley, compuesta por 29 artículos. El PSC negoció -según fuentes del partido- con el ejecutivo que presidía Felipe González, antes de que la proposición de ley pasara por el trámite parlamentario de su aprobación en pleno. Se da la circunstancia de que los dos artículos recurridos fueron incorporados a la ley gracias a dos enmiendas: una socialista y otra comunista -con apoyo del PSC- que fueron apoyadas por la mayoría parlamentaria.

Recursos

El Gobierno, no obstante, presentó el recurso, hecho que motivó críticas en el seno del propio partido socialista catalán. El vicepresidente del Parlament y dirigente del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) Isidre Molas, calificó el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional de "error político", mientras Convergencia i Unió corresponsabilizaba a los socialistas catalanes de la decisión del Gobierno.

Los grupos municipales de CiU en algunos ayuntamientos catalanes solicitaron -ante la presentación del recurso- la dimisión de los dos ministros catalanes: el de Defensa, Narcís Serra, y el de Sanidad, Ernest Lluch. La dirección del PSC no incluyó a ambos ministros en la estrategia para que el Gobierno central comprendiera la voluntad política de normalización lingüística de las distintas fuerzas parlamentarias catalanas. Los titulares. de Sanidad y Defensa eran, en aquel momento, miembros de la ejecutiva del Partit dels Socialistes de Catalunya.