Los seguros agrarios urgen más ayudas del Estado para poder mantener su actividad

La empresa Agroseguro, en la que colaboran la Administración y un centenar de compañías privadas, pedirá mayores ayudas del Estado y proyecta excluir de su próximo plan las coberturas deficitarias, entre otras medidas que juzga necesarias para su permanencia. En 1985, las indemnizaciones superaron un 63% los ingresos por primas, y sus pérdidas técnico-financieras ascendieron a 1.951 millones de pesetas.

Los siniestros de 1985, como los de 1984 y 1983, han puesto de manifiesto defectos que, según los responsables de la empresa, ponen en peligro la subsistencia de los seguros agrarios combinados. Entre los problemas destacan la ausencia de las compañías en los planes de la Administración, la excesiva rapidez en la implantación de algunas modalidades de seguro, el laberinto burocrático que han de correr los contratos y la falta de normas oficiales de tasación.

Primeros remedios

Por críticas como éstas y por los déficit registrados desde el plan experimental de 1983, que impulsó el Ministerio de Agricultura con el propósito de garantizar las rentas de los agricultores por vías distintas a los precios, hace un año que se introdujeron ajustes. Mediante fuertes subidas de tarifas, una mayor agilidad en la realización de los seguros y otras medidas destinadas a impedir los fraudes, la Administración trató de paliar el desinterés privado.Al final, en el cuadro de aseguramiento para 1986 tuvo que aumentar la participación pública. El Consorcio de Compensación de Seguros, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, ostenta el 47,72% de las responsabilidades dinerarias y de representación en Agroseguros. Del centenar de compañías privadas, muchas de las cuales sólo siguen en la empresa por la oportunidad que les ofrece para desarrollar su negocio entre los agricultores, las mayores participaciones corresponden a Mapfre (6%), Mas (3,95%), Mutua General de Seguros (3%), Caja de Seguros Reunidos (3%), Banco Vitalicio (2,3%) y Hemisferio.

Sin embargo, los responsables de Agroseguro, que ha celebrado esta semana su junta de socios bajo la presidencia de Gabriela González-Bueno, consideran insuficientes tales medidas. "Para que el sistema funcione, y por tanto permanezca", opinan, "se requieren decisiones de carácter político que desbordan la capacidad resolutiva de la agrupación". En concreto, quieren cerrar el plan de 1987 a nuevas líneas de seguro, excluir las inviables, la coordinación de los Ministerios de Agricultura y Hacienda, mayor respaldo económico del Estado para las campañas de elevada siniestralidad y definir las relaciones entre Administración y compañías.