Autogobierno, pacto y convivencia

Con un Gobierno socialista nuevamente en la Moncloa, así como con un Gobierno vasco reforzado por el previsto avance electoral del PNV, el desarrollo del Estatuto de Guernica debe culminarse plena y lealmente, sin cicatería, antes del final de la próxima legislatura. Ésta es la reflexión central que suscita la actual circunstancia electoral al autor del artículo, en el que se analiza, principalmente, la evolución del autogobierno vasco desde la negociación del texto constitucional en 1978.

La Constitución de 1978 fue lo suficientemente generosa y respetuosa con las diversas corrientes mayoritarias de la vida política estatal como para que gran parte del pueblo español las aceptase plenamente. Ahora bien, su gran talón de Aquiles lo constituye el hecho de que no fuese capaz de resolver el viejo contencioso de 150 años que afecta profundamente al Estado en cuanto a su configuración.La disposición adicional que el PNV intentaba insertar en la Constitución significaba el reconocimiento de los derechos históricos vascos, defendido por políticos, juristas y senadores reales en los debates previos a la aprobación de la Carta Magna. Asimismo, y aunque en última instancia el acuerdo PSOE-UCD aniquilara la disposición, el partido socialista votó afirmativamente a su paso por la comisión en el Senado.

Se impusieron los intereses partidistas a los intereses de Estado. No se actuó con mentalidad abierta... Faltó visión histórica. No me voy a detener en detallar la frustración que dicha actitud produjo en Euskadi, pero sí quiero recordar que meses después de la citada decepción hacía su aparición en la vida política lo que la Prensa ha dado en denominar el nacionalismo radical de Herri Batasuna.

Posteriormente, bajo el impulso del PNV, la mayoría de las fuerzas vascas negociaron con el Gobierno de Suárez el Estatuto de Guernica, un estatuto que, aunque no significaba la completa devolución del poder originario vasco, representaba el que Euskadi pudiese gozar, caso de un desarrollo pleno y generoso del mismo, de unas importantes cotas de autogobierno.

Para quienes han creído siempre en el pacto y, en consecuencia, rechazamos la ruptura unilateral y violenta que supuso la ley abolitoria de 1839, el estatuto representa, por encima de un texto jurídico, un pacto político, por lo que exigimos y esperamos su leal cumplimiento. Tras su aprobación, el respeto y voluntad de aplicación del estatuto vasco ha pasado por vicisitudes de diverso signo.

El intento encubierto y anticonstitucional de vaciarlo de contenido, mediante la atípica figura de aumentar el hecho diferencial vasco a través de la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, el frenazo al proceso de transferencias o la elaboración de leyes orgánicas que pudiesen erosionar el estatuto, que se han producido en los dos primeros años de Gobierno, constituyen el bienio negro del proceso aludido.

Posteriormente, y tras el pacto de legislatura, el desarrollo estatutario y respeto al mismo se han acercado al espíritu de aquel pacto de Estado, de aquel pacto político que significó el Estatuto de Guernica, no sin que en ocasiones, más de las deseadas, los acuerdos hayan sido difíciles, debido en especial a una concepción y a una filosofía no siempre convergente sobre lo que significó el pacto.

Tras el 22 de junio, este proceso iniciado hace un año y medio debe consolidarse y no existen razones para una paralización del mismo. Con un Gobierno socialista nuevamente en la Moncloa, así como con un Gobierno vasco reforzado por el previsto avance electoral del PNV, el desarrollo estatutario debe culminarse plena y lealmente, sin cicatería, antes del final de la próxima legislatura.

Por encima de intereses partidistas, el PSOE y el PNV, en tanto a que son los legítimos representantes de Madrid y Euskadi, tienen la misión histórica y la responsabilidad de caminar hacia el restablecimiento del pacto político secular que funcionó a lo largo del tiempo y que no fue la excepción, sino, precisamente, la regla de convivencia durante siglos.

El hecho diferencial

Para ello, es necesario asumir no solamente en los textos constitucionales, sino también en la realidad, el hecho diferencial vasco (ni mejor ni peor, pero sí distinto).

En consecuencia, tener el convencimiento de que Euskadi no es una región sino una nación en base a su cultura, tradición histórica y voluntad popular significa que tiene derecho a gozar de su propia personalidad y a desarrollarla, tanto a nivel estatal como europeo. Y, sobre todo, que no estamos ante un proceso de concesión, sino de devolución.

A partir de los citados postulados, a través del autogobierno, el pacto político debe conducir a restablecer la deteriorada convivencia histórica. Es hora de que los nombres y, sobre todo, el espíritu de los Esparteros y Cánovas sean olvidados y desterrados mediante la acción de quienes, con perspectiva histórica y visión de futuro, sepan comprender que el jacobinismo y el incumplimiento produjeron y producirán el enfrentamiento, mientras el autogobierno y el pacto condujeron y conducirán a la convivencia.

es eurodiputado por el PNV.