El Gobierno situó a los Ejércitos bajo su dirección política

La supremacía del poder político sobre el militar y la reforma de la justicia castrense, junto a la práctica desaparición de la amenaza golpista y la reducción de los Ejércitos basada en el nuevo despliegue de fuerzas, han sido los aspectos más destacados de la política de defensa del Gobierno en la pasada legislatura. Sin embargo, el Ejecutivo no ha conseguido crear una conciencia nacional de defensa -uno de los tres objetivos básicos del programa del PSOE de 1982-, ni ha cumplido con el compromiso moral de solucionar el problema de los militares expulsados de las Fuerzas Armadas por pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD).

El hecho de que el poder ejecutivo se haya impuesto en estos últimos años a los partidarios de la autonomía militar fue posible, fundamentalmente, gracias a la ley aprobada a comienzos de 1984 por la que se reformó la ley orgánica de la Defensa Nacional. Con ella se materializó el objetivo electoral socialista de plasmar en la legislación el contenido de los artículos 97 y 98.2 de la Constitución, según los cuales competen al presidente del Gobierno las tareas de dirigir y coordinar la política de defensa (objetivos estratégicos, alianzas exteriores o programas de armamento) y la política militar (administración de las Fuerzas Armadas, presupuestos de los Ejércitos, sistemas de ascensos o servicio militar).La reforma de dicha ley orgánica supuso que la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem) se convirtiera en un órgano asesor del ministro de Defensa, cuando hasta entonces era el órgano colegiado superior de mando de las Fuerzas Armadas. Con la reforma de la ley, el mando real de los Ejércitos lo ostenta el ministro de Defensa por delegación del presidente del Gobierno.

Se estableció así la supremacía del poder político sobre el militar y quedó zanjada la tesis mantenida por un sector de las Fuerzas Armadas según el cual el mando de los Ejércitos lo ejercía la Jujem y por encima de este órgano sólo figuraba el Rey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Medios financieros

La misma ley de reforma fijó las competencias del ministro de Defensa, entre las que figuran la formulación de las políticas de defensa y militar y la propuesta al Gobierno de los programas económicos y financieros para dotar de medios a los Ejércitos, que hasta hace unos años manejaban y controlaban sus propios presupuestos.Paralelamente, la ley creó la figura del jefe del Estado Mayor de la Defensa como principal colaborador del ministro y cuyo primer objetivo es lograr que los tres Ejércitos actúen de forma conjunta.

Los fines perseguidos con esta reforma fueron concretados con el posterior decreto de reestructuración del Ministerio de Defensa -por el que los órganos de los Ejércitos quedaron encuadrados y supeditados a los del departamento ministerial- y con la nueva legislación, aprobada a comienzos de 1985, sobre los consejos superiores de los Ejércitos, que quedan reducidos a órganos consultores, mientras las decisiones quedan en manos de los jefes de cada Ejército o del propio ministro.

Otra línea política encaminada a que las Fuerzas Armadas reduzcan su ámbito de actuación al que les señala la Constitución estuvo centrado en la reforma de la justicia militar. El nuevo Código Penal Militar, que entró en vigor el pasado 1 de junio, redujo la competencia de la jurisdicción militar a los delitos estrictamente castrenses, por lo que los relacionados con la seguridad del Estado -rebelión, traición, sedición o conspiración- han pasado a la jurisdicción ordinaria.

Paralelamente, los capitanes generales dejarán de ser autoridades judiciales militares -su papel se limita al de mandos operativos- y se constituirán tribunales militares estables con la participación de profesionales del derecho.

Las innovaciones legales citadas encajan en las "reformas paulatinas" a las que se refería el programa electoral socialista de 1982, que fijaba tres objetivos básicos: "Lograr una defensa nacionalcada día más autónoma y más independiente; conseguir unas Fuerzas Armadas con un alto grado de capacidad disuasoria, más reducidas pero más eficaces, mejor dotadas y más operativas. Conseguir implicar al conjunto del pueblo español en la idea de la defensa nacional".

Con respecto al segundo objetivo, el programa socialista se proponía, entre otros objetivos, "transformar la actual organización territorial en un sentido más operativo". La idea ya constaba en el plan de Modernización del Ejército de Tierra (Meta), iniciado en 1979, pero el Gobierno socialista comenzó a plasmarla con la reducción a seis de las antiguas nueve regiones militares y la conversión en 14 de las 25 brigadas operativas existentes.

Paralelamente, el nuevo despliegue de la fuerza, iniciado con la potenciación del flanco sureste de la Península, supuso el comienzo de la desaparición de un Ejército ideado para ocupar el territorio y la creación de uno nuevo estructurado para la defensa nacional frente a hipotéticas agresiones exteriores.

En conexión con estas iniciativas, el Gobierno promovió nuevas leyes de plantillas para los tres Ejércitos. En el caso de Tierra, supondrá en seis años la reducción a 35.000 de los 41.000 profesionales que había a finales de 1984. Los militares, gracias a la normativa derivada de esas leyes, pueden pasar voluntariamente a la situación de reserva transitoria, conservando íntegros sus salarios, extremo que ha sido fuertemente criticado por otros sectores afectados por planes de reconversión.

También, en el terreno operativo, el Gobierno aprobó en 1985 el Plan General de la Defensa y el Plan Estratégico Conjunto (PEC), en el que se recogen las hipotéticas amenazas para España y los medios adecuados para hacerles frente.

Vacíos profesionales

Entre las decisiones que, de acuerdo con el programa electoral, tendría que haber adoptado el Gobierno, ha habido varias que no se han producido, la mayoría relacionadas con el objetivo genérico de elevar el nivel profesional de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de que sea el nivel profesional el concepto de mayor peso a la hora de seleccionar los ascensos o los destinos más comprometidos. "Potenciar la plena profesionalización de los militares" era uno de los fines perseguidos en elprograma electoral de 1982.Sin embargo, el Ministro de Defensa no ha conseguido por ejemplo, reformar en profundidad la enseñanaza militar, y se ha limitado a variar ligeramente los programas de algunos cursos y a restringir la presencia de los profesores -todos ellos militares- a un máximo de seis años.

Uno de los objetivos del programa socialista consistía en "reformar aspectos de la enseñanza militar, tanto básica como de formación superior, introduciendo los necesarios métodos, profesores y cursos complementarios para que la calidad técnica de la enseñanza aumente y su contenido se adecue plenamente a los principios constitucionales y democráticos".

El sistema de ascensos ha continuado basado en la antigüedad de los militares, y sólo en, los escalones superiores se han registrado ligeros cambios; -como la eliminación de ternas para elegir a los nuevos generales- qué han dado al Ejecutivo un mayor margen de maniobra al nombrar militares para los puestos de mayor responsabilidad. La norma aprobada en 1985. Para permitir que los miembros de la Jujem puedan continuar en sus cargos durante toda una legislatura, con independencia de la edad en la que les hubiera correspondido retirarse, también fue una iniciativa positiva.

Pero, en este terreno, el objetivo incumplido y señalado en el programa socialista iba más lejos y consistía en "adoptar un sistema de provisión de destinos basado en la movilidad, en la transparencia y la clasificación, de los mismos en virtud de sus exigencias profesionales". Las clasificaciones que realizan los mandos continúan basadas en pasados informes en los que los índices profesionales no eran los de mayor peso, y la antigüedad sigue siendo un factor determinante hasta el. ascenso a coronel.

Sin conciencia nacional

Para conseguir el objetivo de "implicar al conjunto del pueblo en la idea de la defensa nacional", el programa socialista sólo preveía una decisión parcial: "Se potenciará el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) como instrumento de encuentro y comunicación, entre la sociedad civil y el colectivo militar". Políticos, historiadores, economistas y sociólogos han participado en diversos cursos realizados en el Ceseden, pero a la opinión pública han trascendido muy pocos hechos o argumentos encaminados a la creación de esa conciencia nacional de defensa. Pocos han sido los discursos institucionales de políticos o militares que, en relación con la defensa, no se hayan referido a esa conciencia nacional, pero en ninguno de ellos -ni siquiera en la campaña del:referéndum sobre la Alianza Atlántica- se han debatido aspectos estratégicos o programas militares que hicieran referencia a los hipotéticos peligros para la defensa nacional, área que todavía parece ser exclusiva del sector militar.En este sentido, y aunque el propio programa socialista hablaba de la necesidad de coordinar la política de defensa "tanto con la política exterior como con la política interior general", en el propio Ministerio de Defensa se afirma que el resto de departamentos no han colaborado en la parte que les corresponde dentro del Plan General de Defensa. Al margen del propio programa electoral de 1982, el Gobierno socialista tiene pendiente una serie de compromisos morales, entre los que figuran además del de la UMD, la desaparición de símbologías ya superadas, corno el mantenimiento de la banda de la victoria en los uniformes Militares, la desaparición de las escalillas de Franco, Moscardó o Carrero Blanco, la búsqueda de una solución más equilibrada para los militares de la República y la profunda reestructuración de los servicios militares de información.