El Gobierno israelí destituye al fiscal del Estado que quiso procesar al jefe del espionaje militar

El Gobierno israelí decidió ayer destituir al fiscal del Estado y asesor jurídico del Gabinete, Isaac Zamir, y sustituirle por Yossef Jarish, hasta ahora juez de distrito de Tel Aviv, que entrará en funciones el miércoles próximo. En medios jurídicos y políticos consideran que este cambio tiene como fin enterrar el escándalo en que se ha visto envuelto el jefe del servicio secreto militar, el Sinh Beth, Abraham Shalom, a quien quería procesar Zamir por falso testimonio en la muerte de dos palestinos durante un interrogatorio en 1984.

El mismo día en que entrará en funciones el nuevo fiscal del Estado, es decir el miércoles, el inspector general de la policía, David Kraus, regresa de unas vacaciones en el extranjero. Precisamente ese día debía abrir Kraus la investigación policial contra Shalom, ordenada por el destituido Zank. Los observadores se interrogan sobre si se está ante una mera coincidencia o ante un acto de premeditado maquiavelismo.Este interrogante cobra aún más relieve si se tiene en cuenta que el primer ministro, el laborista Simón Peres, renovó la pasada semana su confianza en Zamir, "a pesar de ciertas y legítimas divergencias", y se opuso a su dimisión en medio de la tempestad suscitada por el caso. Por otro lado, el propio Zamir había expresado públicamente su deseo de abandonar el cargo el pasado mes de febrero. Técnicamente, pues, el Gobierno tenía la posibilidad de haber "accedido" a la "petición" de Zamir.

Legalmente, el Gobierno puede poner fin, en cuaIquier momento, a las funciones del fiscal del Estado. Pero, mientras éste se mantenga en el cargo, puede decidir soberanamente y de forma totalmente independiente -incluso contra la opinión expresa del Gobierno- sobre la apertura o el cierre de cualquier caso. El fiscal del Estado es la única personalidad capacitada para decidir si determinadas investigaciones judiciales son o no "de interés público".

El cambio decidido por el Gobierno, en medio de una grave controversia con su consejero jurídico y fiscal del Estado es, cuando menos, sospechoso; "una muestra de mal gusto", en opinión de algunos especialistas en derecho. "El repentino relevo entra dentro de las prerrogativas de un Gobierno que encontraba crecientes problemas para trabajar con el fiscal que, no lo olvidemos, es al mismo tiempo su consejero jurídico", opinan otros juristas.

Ahora, el nuevo fiscal del Estado deberá, tras estudiar el caso que ha originado la crisis, zanjar el problema. En las próximas semanas, o días, podrá saberse si la investigación contra el jefe del espionaje militar se abre definitivamente o si se aceptan los argumentos del Gobierno de que ello puede poder en peligro la seguridad nacional.

El suceso que ha dado pie al escándalo ocurrió el 12 de abril de 1984, cuando un grupo de palestinos se apoderó de un autobús en la región central de Israel. Durante el asalto por parte de las fuerzas de seguridad murieron dos de los secuestradores y un soldado israelí. Otros dos palestinos del comando perdieron la vida en circunstancias sospechosas, lo que motivó la apertura de una investigación.