Interior modifica el plan que obligaba a los policías a realizar 12 intervenciones diarias

El Ministerio del Interior ha modificado el denominado Plan de Productividad elaborado por la primera región policial (Madrid, Avila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) cuyo titular es Antonio Garrido, por considerar que aspectos parciales de mismo son "inconstitucionales", según maniféstó ayer a este periódico José María Rodríguez Colorado, delegado del Gobierno en Madrid. De este modo, la referencia "al control y vigilancia de grupos nacionales étnicos sospechosos de dedicarse al tráfico de estupefacientes" desaparece del plan, al igual que la obligación de efectuar cada patrulla policial (dos agentes) un mínimo de 12 intervenciones diarias.

La referencia al control de minorías étnicas se encontraba señalada en el mencionado plan dentro del área de policía judicial y formaba parte de lo que en -medios policiales se ha considerado una escalada en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. En el Plan de Productividad se mantienen las referencias a los "traficantes-consumidores" y al "distribuidor al por menor", que deberán ser puestos a disposición judicial, previa intervención policial.La obligación por patrulla (dos agentes) de efectuar 12 intervenciones diarias (identificaciones, cacheos, detenciones, propuestas de sanción) ha sido modificada y pasa a considerarse como "índice de productividad ideal", según señaló el delegado del Gobierno, quien precisó que el año pasado, la productividad media por patrullas fue de nueve intervenciones diarias. "Consideramos que ésta se debería elevar a 12, aunque la obligatoriedad de efectuarlas ha desaparecido".

Otro aspecto del denominado plan Garrido que igualmente había sido criticado por los sindicatos policiales, el de las fichas de seguimiento de los funcionarios, ha sido también modificado.

Rodríguez Colorado indicó que desaparecen todas las referencias a la evaluación de la conducta personal y se limitarán a ser un instrumento de "control del seguimiento profesional" de los agentes.

Un punto que no ha sido modificado hace referencia a la moralidad profesional. En los objetivos generales del área de personal del plan se señalaba la intención de "cuidar las relaciones internas y la moralidad funcionarial". El delegado del Gobierno manifestó a este respecto que es "un óptimo instrumento para detectar y evitar la corrupción policial".

Siete sindicatos policiales se entrevistaron ayer con el Defensor del Pueblo para entregarle un informe en el que se criticaban estos aspectos del denominado plan Garrido.

Julio Martínez, secretario general del Sindicato Profesional de Policía (SPP) de Madrid, señaló que, independientemente de la actuación del Defensor del Pueblo, los siete sindicatos han creado una comisión de seguimiento para comprobar que se aplican las modificaciones.