Huelga y poder en los puertos

EN MITAD de una huelga, y cuando ya se encuentra anunciada otra de 10 días, el Gobierno ha decidido aprobar el decreto ley que regula la actividad portuaria. En contra de lo anunciado oficialmente, el pasado Consejo de Ministros aprobó clandestinamente la nueva normativa. Es sorprendente que el viernes se negara públicamente la aprobación del decreto y que el lunes siguiente se revele su aprobación. A menos que se convenga en que la reunión del Consejo de Ministros, órgano superior de la administración del Estado, ha sido rebaja da al nivel de una tertulia de amigos, se entiende mal que no informe, cabal y puntualmente, de sus acuerdos a los administrados.Los ocho días de la huelga de estibadores han provocado pérdidas cuantiosas en la economía nacional. Considerando que el 90% de nuestro comercio-exterior utiliza los puertos como vía de comunicación, las cifras que estiman un perjuicio de decenas de miles de millones no parecen exageradas. A ello hay que añadir que la paralización de los buques tiene un efecto multiplicador sobre otros sectores del transporte y compromete el suministro de alimentos y materias primas a los puertos insulares, por más que el Ministerio del Interior afirme que no ha habido desabastecimientos y atribuya la alarma al sensacionalimso periodístico.

Paralelamente y al margen de las pérdidas económicas, la pérdida de de credibilidad y prestigio de los puertos españoles es un factor importante., El conflicto tiene, además, los caracteres de una huelga salvaje. De hecho, no sólo no se han implantado en muchos puertos los servicios mínimos, sino que la Administración ha demostrado una especial tolerancia hacia aquellos estibadores que se han negado a respetarlos en los escasos lugares en que existen. Mientras que a las protestas pacíficas de los jornaleros andaluces se ha contestado con la contundente actuación de la fuerza pública y la apertura de procesos a más de 600 personas, las amenazas, el chantaje y el sabotaje -navajazos en las ruedas de los camiones, destrucción de material en las oficinas portuarias- han sido recibidas con una extraña indulgencia.

La batalla de los estibadores conlleva la defensa de un sistema de trabajo paternalista y privilegiado. Hasta ahora, eran sus representantes -que se han alzado hasta los consejos locales- quienes venían controlando la actividad portuaria y quienes imponían las reglas que imperan en los muelles. Cómo se procede para alcanzar este poder es en buena parte un misterio, pero lo cierto es que la estructura portuaria no se ha modificado desde hace más de 40 años y que la sombra del sindicalismo fascista se cierne sobre este panorama.

La reforma portuaria propuesta por el Gobierno conserva gran parte de los privilegios de los estibadores, pero introduce un elemento de racionalización en la actividad de los muelles. Los estibadores participarán en una sociedad estatal -el Estado detentará el 51% del capital- de la que formarán parte todas las empresas estibadoras de cada puerto, que aportarán el 49% del capital restante. Mientras carezcan de trabajo, cobrarán de la sociedad estatal, que les abonará un salario mínimo garantizado. Y les queda la opción de formar parte de cualquier otra empresa estibadora. El temor de los trabajadores radica en que las empresas acaso escojan para sus plantillas a determinados de ellos, dejando permanentemente, a los más conflictivos, en la empresa estatal. Finalmente, la propuesta gubernamental plantea problemas para las pequeñas empresas que, según fuentes internas, alientan la continuidad de la huelga temiendo perder parte de las ventajas de las que actualmente gozan. En todos los casos, los prótagonistas del conflicto, estibadores o empresarios, están tratando de mantener una situación de privilegio sin equivalencia en los colectivos de los demás sectores.