El Gobierno disuelve la OTP y reforma la actividad portuaria mediante un real decreto-ley

RODOLFO SERRANO, El Gobierno aprobó el pasado viernes -aunque hasta ayer no se hizo público- un real decreto que regula la, actividad portuaria, que pasa a definirse como servicio público. El decreto será publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará inmediatamente en vigor. La Administración iniciará contactos con las organizaciones de trabajadores y empresarios para desarrollar la normativa que pone fin si una situación que se Venía prolongando desde hace 40 años. La Coordinadora presentó ayer en el Ministerio de Trabajo una convocatoria de 10 días de huelga, que incumple el plazo de preaviso legal.

El proyecto de real decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros no se hizo público hasta ayer, aunque habían circulado insistentes rumores -desmentidos oficialmente- sobre su aprobación. El ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, justificó ayer el retraso con que la nueva normativa se ha hecho pública en el deseo del Ejecutivo de no interferir "el derecho de huelga".El texto, que aparecerá hoy en el BOE, disuelve la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), a quien da un plazo de 12 meses para liquidar su patrimonio y aportarlo como capital a la nueva sociedad de titularidad pública que, a partir de ahora, se encargará de organizar las tareas de carga y descarga en los puertos. Las empresas estibadoras tendrán que formar parte de la citada sociedad estatal. Pero será el Estado quien otorgará las concesiones de estiba y desestiba, teniendo en cuenta la solvencia de cada empresa.

Los actuales estibadores pasarán en su totalidad a depender de la sociedad estatal, quien les cederá a las; empresas del puerto que reclamen su trabajo. Cualquier empresa podrá formar su propia plantilla, siempre que recurra al personzal del censo de estibadores. Una vez concluidos los trabajos para los que fueron requeridos, volverán a integrarse en la sociedad estatal.

La Administración abrirá un proceso de negociación con las organizaciones de estibadores para definir las manos (número de trabajadores necesarios para realizar una tarea), los tipos de carga y descarga y, sobre todo, para realizar el ajuste laboral. Las estimaciones más optimistas hablan de un excedente laboral de unos 3.000 estibadores, sobre una plantilla que hoy está en los 9.500. Según estas fuentes, este ajuste puede llevarse a cabo mediante jubilaciones anticipadas.

Paralelamente, se discutirá con las empresas la cuantía del salario mínimo garantizado (el jornal que el trabajador recibirá en los días que permanezca en paro). Actualmente el desempleo de un estibador ronda las 3.600 pesetas diarias, muy por encima de lo que marca la ley de Protección al Desempleo para el resto de los trabajadores. También de acuerdo con las empresas se establecerán los rendimientos que, previsiblemente habrán de ser objeto de convenio colectivo.

Joaquín Almunia mostraba ayer su confianza en que "el conocimiento del decreto hará reconsiderar a la Coordinadora de Estibadores su actitud". Sin embargo, ayer por la tarde entraba en Trabajo una nueva comunicación de huelga para los días del 3 al 12 de junio, que, evidentemente, no cumplía la exigencia legal de los 10 días de preaviso.

El ministro restó importancia a la pasada huelga. Según sus palabras, en la reunión que ayer mantuvieron los gobernadores civiles en el Ministerio de Interior, la impresión es que no se: habían producido repercusiones, de importancia en el abastecimiento a las islas y que los servicios mínimos habían funcionado con normalidad. Almunia afirmó que "hay personas muy interesadas en magnificar los efectos de la huelga".