Corporativismo policial

Medios policiales de Santander, Bilbao y Madrid consultados por este periódico han reiterado que en el asunto de la supuesta implicación de policías en atracos, tráfico de armas y drogas no se ha mantenido el principio constitucional de presunción de inocencia para los afectados. En fuentes de estos medios se señala que la acusación parte de la palabra del joyero Federico Venero, que ha sido acusado de varios delitos y que ha sido tres veces detenido por diferentes cuerpos de seguridad (Policía y Guardia Civil).

La plantilla del Cuerpo Superior de Policía de Bilbao organizó una comida en despedida de los dos funcionarios afectados que desempeñaban sus funciones en esta ciudad: Javier Fernández Álvarez y Miguel Ángel Bercianos Torres. Incluso se propuso que los asistentes pusieran 5.000 pesetas para abrir un fondo con el fin de mantener económicamente a estos funcionarios, tras ser expedientados y suspendidos de empleo y sueldo. Presiones de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao impidieron que esto se concretase. En medios de la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, de la que depende la ,Comisaría de Santander, y de la Jefatura de Madrid se ha detectado el mismo malestar, informa Jesús Delgado.

En los medios policiales referidos se señala que tanto Fernández Álvarez como Bercianos Torres están considerados unos "buenos profesionales" que han resuelto importantes casos.

En fuentes administrativas se critica esta posición por entender que encubre un corporativismo. Se señala que, independientemente de la palabra del joyero de Santander, existen grabaciones de conversaciones telefónicas que implican a los policías y aportan luz sobre el asunto, aunque admitan que estas escuchas no son consideradas como pruebas. judiciales por los magistrados.

Exigir responsabilidades

En este sentido, las mismas fuentes de la Administración reiteran que, independientemente de la actuación judicial, existe un expediente abierto a los supuestos policías corruptos. Este expediente es tramitado actualmente por un comisario de policía, que actúa como inspector. Las mismas fuentes señalaron que en este expediente se llegará hasta el fondo y se exigirán responsabilidades, además de hacerse público tras la resolución judicial.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santander, Lucio Isidoro Valcárcel, señaló a este respecto que el informe administrativo abierto por la Dirección General de la Policía (DGP), Organismo dependiente del Ministerio del Interior, se incluirá, "una vez finalizado", en el sumario abierto sobre el caso.

Por último, los sindicatos policiales han mantenido una actitud de prudencia que se concreto en la exigencia de responsabilidades si se demuestre la culpabilidad de funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado.