Cerca de 600 jornaleros se encuentran procesados los tribunales de justicia

Cerca de 600 jornaleros andaluces se encuentran procesados en los tribunales de justicia por actividades relacionadas con movilizaciones en demanda de la reforma agraria. Algunos de ellos cumplen condena en sus propios domicilios y otros esperan nuevos procesos que, por la reincidencia en los hechos que dieron lugar a las condenas, pueden terminar en prisión, según manifestaron ayer dirigentes del Sindicato de Obreros del Campo (SOC).

Los dirigentes jornaleros se encontraban ayer en Madrid para entrevistarse con el fiscal general de Estado, Luis Antonio Burán Barba, y con el defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, a quienes han pedido su intervención en el conflicto.Diego Cañamero, secretario general del SOC; Diamantino García y Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, todos ellos históricos dirigentes jornaleros, comparecerán mañana ante el juzgado de Morán de la Frontera, acusados de manifestación ilegal. Entre los tres suman más de 60 procesos y tienen ya sentencias en firme que van desde los 12 meses, en el caso de Cañamero, a los seis meses de prisión a que ha sido condenado Diamantino García. En su situación se encuentran cerca de 600 jornaleros andaluces, miembros del SOC, CC OO y CNT. En todos los casos han sido procesados por su actividad en la ocupación de fincas, cortes de carretera o manifestaciones no permitidas en demanda de la reforma agraria.

Uno de los casos más significativos es el de cinco jornaleros para los que el fiscal pide 10 años de prisión. Es la primera vez, en todo el proceso democrático, que los jornaleros andaluces comparecen ante los tribunales de justicia y sufren penas de prisión. Ayer los tres máximos dirigentes del SOC se entrevistaron con el Defensor del Pueblo y el fiscal general del Estado para pedir su intervención en los procesos.

Dureza excesiva

Sánchez Gordillo explicó que .sorprende la dureza con que actúan los fiscales. No existen denuncias de los propietarios de la tierra, pero se nos piden penas que no se corresponden con los supuestos delitos". "Lo único que pedimos", sentenció el alcalde de Marinaleda, "es que la ley no ahogue a la justicia".Los dirigentes jornaleros subrayaron que "se habla de violencia, pero sólo cuando se trata de los más débiles; no se habla de la violencia que el Estado ejerce sobre los jornaleros". En los tres existe la impresión de que ningún otro Gobierno ha tratado a los trabajadores del campo con la dureza con que lo hace el Gobierno socialista.

Diego Cañamero explicó que en Andalucía se da una fuerte conexión entre el poder judicial y el poder económico. "Eso justifica la actuación de los jueces". Para los dirigentes del SOC, se trata de procesos políticos. "No queremos", dijeron, "que el grito de tierra y justicia se apague en las cárceles".

Según sus palabras, el fiscal general del Estado prometió que intervendría ante los fiscales de los distintos juzgados con el fin de "que se traten con comprensión los procesos de los jornaleros". Burón Barba aseguró que en caso de que se produjeran condenas recomendaría al Gobierno que ejerciera sobre los jornaleros el indulto.

No obstante, los dirigentes jornaleros aseguraron que "impediremos por todos los medios que los trabajadores del campo acaben en la cárcel. No sabemos cómo, pero trataremos de impedirlo". Sánchez Gordillo y Diamantino García comentaban ayer con cierta amargura: "Si a los jornaleros nos meten en la cárcel por manifestarnos pacíficamente, no sé qué pueden hacer con los compañeros de los astilleros".