Los reclusos se quejan al Defensor del Pueblo de la asistencia de los abogados de oficio

El fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, Fernando Jiménez Lablanca, ha decidido organizar el servicio fiscal de visitas periódicas a los centros penitenciarios para conocer las quejas dé los internos sobre dilaciones de procedimientos penales y ejecución de sentencias. El acuerdo se adoptó a petición del Defensor del pueblo, tras una reciente visita de éste a la cárcel de Carabanchel (Madrid). Numerosos reclusos se quejaron a Joaquín Ruiz-Giménez de que sólo tienen contacto con su abogado de oficio minutos antes del juicio oral.

Un número considerable de internos de la cárcel de Carabanchel se han quejado al Defensor del Pueblo de la lentitud con que se tramitan los procedimientos penales que les afectan y la tardanza en que los tribunales les remiten los testimonios de sentencias y las liquidaciones de condena, que a veces se reciben con ocho o nueve meses de retraso. El pasado 24 de marzo, el Defensor del Pueblo informó sobre estas quejas al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón. En la misma fecha, dio cuenta al presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, de que numerosos internos se quejaron de que sólo pudieron tener contacto con su abogado de oficio minutos antes de la celebración del juicio oral.En su escrito a Burón, el Defensor del Pueblo resaltaba la especial gravedad de la lentitud judicial cuando afecta a la privación de libertad de los ciudadanos. Añadía que esta demora "tiene una incidencia directa en el elevado número de presos preventivos existente en la actualidad y constituye un factor determinante de la masificación de los establecimientos penitenciarios".

El Defensor del Pueblo invocaba la misión de defensa de los derechos fundamentales que la Constitución asigna también al ministerio fiscal, y reclamaba "una especial sensibilidad de esa fiscalía general" en relación a las quejas expuestas. Entre las medidas a adoptar para agilizar la tramitación de los procedimientos penales, el Defensor del Pueblo proponía la posibilidad de que las salas sentenciadoras comuniquen mediante telegrama a los centros penitenciarios el contenido esencial del fallo, sin perjuicio de la ulterior remisión de los correspondientes testimonios de sentencia".

El 21 de abril de 1.986, el fiscal general del Estado remitió al Defensor del Pueblo un oficio, del fiscal jefe, de la Audiencia Territorial de Madrid, que daba cuenta de la comunicación al presidente de la Audiencia Territorial, Clemente Auger, "a fin de que adopte las medidas oportunas para acelerar la tramitación de los procedimientos penales". Igualmente, comunicaba la constitución de: una ponencia para estudiar la organización del servicio de visitas periódicas a los centros de detención, penitenciarios, a fin de que en breve plazo "el fiscal pueda tener conocimiento de las quejas que en cuanto a los procedimientos penales y ejecución de sentencias formulen los internos".

Pedrol no responde

En el escrito remitido a Pedrol -y que la semana pasada aún no tenía respuesta-, el Defensor del Pueblo traslada al presidente del Consejo General de la Abogacía las quejas de un elevado número de internos por "su ausencia de relación con los letrados que le son designados de oficio, los cuales, según manifiestan", señala el Defensor del Pueblo, "suelen ponerse en relación con sus defendidos unos minutos antes de la celebración del juicio oral, siendo escasas sus visitas a los centros penitenciarios para establecer los contactos necesarios para el pleno ejercicio del derecho a la defensa y a la asistencia letrada, cuyo íntegro contenido abarca no sólo el momento del juicio, sino todas las actuaciones previas al mismo".El Defensor del Pueblo expresaba la seguridad de que los hechos expuestos "serán investigados por ese Consejo, cuya especial preocupación por la efectividad de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos consta a esta institución, por las actuaciones que del mismo dimanan".