Izquierda Unida pide que los sindicatos gestionen la Seguridad Social

La coalición Izquierda Unida propugna en su programa electoral el establecimiento de listas abiertas, que permita a los votantes en todos los comicios seleccionar a sus representantes entre los integrantes de una misma candidatura. Asimismo, aboga por la ampliación a 400 del número de diputados y la conversión del Senado en Cámara de representación territorial, con capacidad de iniciativa legislativa en cuestiones autonómicas y municipales, para lo cual defiende una reforma específica de la Constitución. El programa incluye, en la redacción definitiva conocida por EL PAÍS, la propuesta de desvincular la Seguridad Social de la Administración -actualmente forma parte del Ministerio de Trabajo- para que su gestión sea encomendada a los sindicatos y empresarios. Una fórmula semejante es solicitada para el Instituto Nacional de Empleo.

Los autores del documento, que será presentado públicamente a mediados de esta semana, defienden la sustitución de la ley de despenalización del aborto por otra ley "que reconozca a todas las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no deseado, dentro de los límites temporales fijados por las leyes" y que permita que los gastos de la intervención quirúrgica corran a cargo de la Seguridad Social. El programa propone la creación de un Ministerio de la Mujer, el aumento de la pena para los delitos por malos tratos y la ampliación de la ley de divorcio, de forma que desaparezca la exigencia de separación previa de los cónyuges.

En el terreno socio-económico, el programa fija como objetivo prioritario la lucha contra el desempleo, para lo cual aboga por rebajar el ritmo de reducción de la inflación, situando dicha reducción en un 1 % anual, y por incrementar la inversión pública, entre otras medidas. En contra de lo que un diario de Madrid aseguraba ayer que era el principal objetivo del programa, éste ni fija en 250.000 el número de empleos que se pueden crear anualmente ni alude siquiera a cifra alguna de éste tipo.

El documento propone reducir a 38 el número de horas de trabajo semanal, así como elevar el salario mínimo interprofesional a 50.000 pesetas al mes -cantidad que, según Izquierda Unida, debe constituir también la pensión mínima para los jubilados-, y ampliar al 60% de los trabajadores en paro la percepciárrdel subsidio de desempleo. La coalición afirma que defenderá la estabilidad en el empleo y se opondrá al despido libre.

Los autores del programa propugnan que, al término de la próxima legislatura, la Banca pública tenga un peso dominante frente a las entidades financieras privadas, para lo cual anuncian su intención de llevar a cabo las nacionalizaciones que les parezcan necesarias.

En su opinión, las Cajas de Ahorros deben convertirse en la Banca pública regional.

Izquierda Unida defiende una ampliación de las competencias financieras y políticas de los municipios -entre ellas que el alcalde sea el responsable último de la seguridad vecinal- y propone: legalizar el referéndum municipal, con posibilidad de ser promovido por las firmas de un 5% de los vecinos. Asimismo, pide la creación de una Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la aprobación de: una Ley General del Medio Ambiente y la elaboración parlamentaria de un libro blanco sobre las centrales nucleares.

El programa exige la prohibición expresa de la utilización de los puertos y aeropuertos civiles con fines militares, reclama la desnuclearización de la península Ibérica, un estatuto del soldado y la obligatoriedad de dos años de estudio en la Universidad para los mandos militares.