La alcaldesa de Boadilla, acusada de racismo por derribar una caseta ocupada por árabes

La Delegación Diocesana de Inmigrantes Extranjeros ha acusado a Matilde Múgica, alcaldesa de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, de unos 6.000 habitantes, de "dificultar la residencia y la vida en el pueblo de 17 ciudadanos. marroquíes". El pasado 6 de mayo, la alcaldesa, perteneciente al Grupo Popular, ordenó la demolición e incendio de una caseta de obras municipal, situada a las afueras del pueblo, donde pernoctaban los citados marroquíes, trabajadores eventuales con certificados de residencia en el pueblo desde hace varios años. Matilde Múgica negó las acusaciones de supuesto racismo que se le imputan y declaró: "He hecho lo que me parecía mejor para los moros".

La delegación diocesana considera que "hay una cierta actitud racista y xenófoba detrás de este suceso". Por su parte, la alcaldesa del Grupo Popular manifestó ayer que no tenía nada que declarar al respecto. "Tan sólo he hecho lo que me parecía mejor para los moros. Vivían en condiciones infrahumanas. Lo que hay que hacer ahora es buscarles alojamiento", dijo. Matilde Múgica aseguró también que había avisado al consul de Marruecos de lo que ocurría.

Vivir a la intemperie

Los 17 marroquíes, que habitan desde hace varios años en el municipio y tienen certificados de residir en el pueblo, viven a la intemperie o en tiendas de campaña desde que se derribó la caseta donde vivían, según manifestó un portavoz de la Delegación Diocesana, que acusó a la alcaldesa de no tener ninguna intención de realojarlos en el municipio. Los emigrantes afincados en esta localidad de 6.000 habitantes, situada a 16 kilómetros de Madrid, sobreviven con trabajos eventuales, como la poda de árboles y el cuidado de jardines. "Ninguno de los patronos para los que trabajan les quiere declarar. Cobran salarios muy bajos, sin contrato y sin Seguridad Social. Este aspecto socio laboral no le preocupa nada a la primera autoridad local", añade el portavoz.Según la delegación diocesana, "el emigrante no sólo necesita papeles; la Constitución y la ley de Extranjería le conceden los mismos derechos sociales que a los españoles. La autoridad municipal no puede salir diciendo, después de haberles tirado las casas y dejado a la intemperie, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Embajada de Marruecos, porque corresponde al Estado español, como correspondía a otros países albergar a los emigrantes españoles"."Ninguna autoridad", según la delegación diocesana, "derriba chabolas sin un plan para erradicar el chabolismo. La señora alcaldesa debería haber previsto una solución antes de derribar la caseta, pero el problema es otro, para ella estos hombres son extranjeros y no son sujetos de derecho. Reprobamos y rechazamos toda actitud y toda acción que pueda fomentar sentimientos racistas"

Condiciones de habitabilidad

El portavoz de la delegación diocesana añadió: "Ciertamente, las chabolas no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, pero son muchos los españoles que viven en chabolas. Denunciamos que no se ha buscado una solución al problema".El delegado diocesano en Madrid, Antonio Martínez, aseguró que en el curso de una conversación mantenida con la alcaldesa para tratar el problema de los 17 emigrantes ésta aseguró que estaba "harta de moros".Antonio Martínez formuló también su protesta "por las formas despectivas con que la Guardia Municipal trata a los marroquíes y por la manera con que procedió al desalojo y al derribo e incendio de la caseta.