El presidente del poder judicial acuerda la resolución urgente del expediente contra los dos magistrados absueltos

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Antonio Hernández Gil, y el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, coincidieron ayer en la iniciación de los trámites para la resolución urgente del expediente contra Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos, los dos magistrados absueltos del delito de prevaricación por la mayoría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por su parte, la asociación judicial conservadora expresó su "satisfacción" por la sentencia, y la progresista, su "preocupación".

Según una nota oficial del CGPJ, su presidente "ha acordado incluir con carácter urgente en el orden del día del pleno convocado para el próximo día 13 de los corrientes, el conocimiento del expediente disciplinario contra ambos magistrados, que se hallaba concluso y pendiente de resolución definitiva, la cual se había suspendido hasta que se dictara sentencia en la causa criminal".Por su parte, el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, envió un escrito al CGPJ para que se reabra el expediente disciplinario, "única posibilidad abierta", según manifestó Burón, para actuar contra los magistrados en el sentido de la acusación mantenida por el fiscal durante el proceso penal. Burón explicó que la sanción a los dos magistrados no significaría contradicción Con la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo, "porque una cosa son las obligaciones profesionales", dijo, "y otra la valoración penal de unos hechos".

Según la ley orgánica del Poder Judicial de 1870, aplicable a la conducta de los dos magistrados absueltos, los jueces y magistrados serán corregidos disciplinariamente, entre otros casos, cuando por la irregularidad de su conducta moral o por vicios que les hicieren desmerecer en el concepto público, comprometieren el decoro de su ministerio". Esta fórmula fue ampliada por una ley de 1952, para incluir aquellos hechos que revistan "caracteres de manifiesta infracción de los principios y normas que de ben presidir la actuación judicial". El expediente disciplinario, que fue instruido por el magistrado del Supremo Agustín Muñoz, solicitaba sanciones muy duras para Varón Cobos y Rodríguez Hermida.

Reacciones judiciales

El presidente de la APM, José Gabaldón, resaltó que la absolución había sido decidida "por un tribunal de la máxima solvencia, como es la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Expresó también su satisfacción "porque la institución ha sabido enfrentarse", dijo, "con un trance duro y difícil, como es el enjuiciar a dos de sus miembros". Negó que en el enjuciamiento del caso el tribunal "haya podido dejarse arrastrar por un falso espíritu de compañerismo".Gabaldón aseguró que, por el contrario, los magistrados, "en estas circunstancias tienden más bien a sobreponer los intereses de la justicia y del prestigio de la propia institución, a cualquier otra consideración en interés de una persona determinada". En su opinión, "el tribunal se habrá enfrentado al caso, como suele hacerlo, con absoluta objetividad y valorando adecuadamente las pruebas y el derecho aplicable".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Alberto Belloch, mostró "profunda preocupación"' por la sentencia. "Jueces para la Democracia comprende la sensación de frustración generalizada entre los ciudadanos, tanto por la marcha del proceso (con episodios como la exclusión del enjuiciamiento por un posible delito de cohecho) como por la propia sentencia absolutoria".

Según la asociación judicial progresista, la sentencia "revela una frontal disconformidad entre la conciencia de esos concretos jueces y la conciencia de la sociedad y, en consecuencia, no contribuye a fortalecer la escasa credibilidad de que ya hoy goza la administración de justicia, sino que permite dudas y especulaciones sobre el peso que todavía tienen las concepciones corporativistas en amplios sectores del poder judicial".

Asimismo, Jueces para la Democracia estima que la sentencia evidencia "hasta qué punto es negativo para el prestigio de la justicia como institución el que la responsabilidad penal de los jueces sea depurada exclusivamente por los propios jueces". "Sentencias como la dictada en este caso o como la dictada hace poco tiempo en el llamado caso Ballesteros convierten en inaplazable", dice, "la instauración de un sistema de jurado puro, que debe ser obligatorio y no optativo para el enjuiciamiento de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, o realizados con abuso de la situación de privilegio,que dicha condición puede, en ciertos casos, determinar".

"Un día de pesar"

En contraste con la actitud de la APM, para Jueces para la Democracia, segun su portavoz, hoy es "un día de pesar, precisamente por la frustración del sentido de justicia de los ciudadanos, y no podemos compartir el gozo que otros compañeros jueces han manifestado, gozo que, con todo respeto, consideramos producto de una cierta complicidad corporativista".