La legitimación de las administraciones públicas
La implantación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), con fecha 1 de enero de 1986, ha servido, entre otras muchas cosas, para resucitar ancestrales ramalazos de nuestro, modo de ser: improvisación a todos los niveles, públicos y privados; picaresca ciudadana; agresividad social de algunos, etcétera. Sin embargo, parece que quien ha salido peor parada, y contra la que se han dirigido las más acervas críticas, ha sido nuestra Administración, que, una vez más, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias.Hoy como ayer, y como siempre, las administraciones públicas están llamadas a actuar siguiendo unos determinados comportamientos y tratando de responder a las expectativas colectivas que, justamente, sintonicen con las características de la sociedad en que aquéllas se inscriben y funcionan. Sólo de esta forma las diferentes administraciones encontrarán su propia legitimación y alcanzarán, ante los ciudadanos, una justificación suficiente de su verdadera razón de ser.
Sin intentar agotar el repertorio de connotaciones que una buena administración moderna debe poseer para legitimarse ante la sociedad, es posible identificar algunas de dichas connotaciones, que son precisamente las que no se advierten en nuestras administraciones públias, en este caso, la fiscal o tributaria.
Una administración debe ser, en primer término, anticipadora y previsora, de tal modo que sepa adelantarse a los acontecimientos en lugar de ir a remolque de los mismos. La previsión, el,sentido de la anticipación, la adivinación del discurrir social y de las reacciones humanas son, hoy más que nunca, presupuestos indispensables para que las instituciones, sean públicas o privadas, funcionen con garantías de eficacia y rentabilidad. En segundo lugar, la administración tiene que manifestarse más despojada que en épocas pasadas de su condición suprema y mayestática para convertirse en un agente que escucha, concierta y dialoga; o, en otras palabras, debe mostrarse como una instancia que impone, pero también convence, que ordena, pero también explica, que presiona, pero también razona. Tal es el talante con que hoy debe presentarse cualquier administración en su gestión del bien común, como única vía posible si quiere conseguir que los administrados, lo usuarios, los destinatarios de sus normas o decisiones, se adhieran a los objetivos propuestos por quienes gobiernan y mandan. Y, en tercer lugar, la administración ha de revalidarse permanentemente ante la opinión pública, ofreciendo una imagen de efectividad e incrementando su operatividad en la dirección marcada por el progreso el bienestar para todos; porque sólo así estará en condiciones de distanciar y rechazar las acusaciones que se lancen contra ella tachándola de inoperante a pesar de su creciente gigantismo, de despilfarradora de medios humanos y materiales, de incapaz, en suma, para solventar los muchos problemas que acosan al hombre contemporáneo.
Sorpresa y desconcierto
A la vista de lo acontecido entre nosotros con la, puesta en marcha del IVA, entre el desconcierto de unos y la sorpresa de otros, es ésta buena oportunidad para replantearse en profundidad el papel de las administraciones públicas en el seno de las sociedades democráticas, que se caracterizan por su pluralidad ideológica, su defensa de los derechos y libertades de personas y grupos, su mayor o menor grado de conflictividad y tensión. Como ha escrito Jacques Chevalier, "el cambio del papel social de la administración compromete, indiscutibiemente, las bases de su legitimidad", que ya no pueden ser las de épocas pasadas, sino que tienen que corresponderse con las nuevas coordenadas políticas, sociales y económicas inoperantes en las sociedades más avanzadas y progresivas.
Si en otros tiempos la administración se legitimaba por vías no democráticas y reaccionaba ante las demandas de usuarios, contribuyentes, administrados desde posiciones de inaccesibilidad y distanciamiento, hoy las perspectivas están transformándose vertiginosamente en el sentido de que la legitimación del aparato administrativo y burocrático sólo puede lograrse a partir del diálogo, la comunicación y la participación. Por tanto, la mera apelación a la autoridad, el recurso a la prepotencia, el empleo exclusivo de la coacción ya no son opciones válidas para que una administración alcance sus metas o persiga sus objetivos. Son precisos otros sistemas de actuación y otros modos de comportamiento que prueben que la maquinaria administrativa está al quite de los problemas, que es menos dominadora y más participativa, que es objetiva en sus informaciones y que sitúa la exposición de los grandes temas nacionales en sus justos y adecuados términos.
