El Estado tendría que devolver 12.000 millones a funcionarios

Diversos organismos estatales podrían verse obligados a devolver cerca de 12.000 millones de pesetas a 9.500 funcionarios de toda España afectados por la supresión de las mutualidades de la previsión, según una sentencia laboral.

La Magistratura de Trabajo número 4 de Barcelona ha fallado a favor de los funcionarios del antiguo Instituto Nacional de Previsión -INP- que reclamaron las diferencias de cuotas abonadas a la mutualidad de la previsión. Con esta sentencia del magistrado Eduardo Barrachina se abre la posibilidad de que 9.500 funcionarios en toda España, 1.400 de ellos en Cataluña, reclamen estas diferencias.Por decreto de 20 de junio de 1984, el Ministerio de Trabajo eliminó esta mutualidad de los funcionarios del antiguo INP, que pasaron a depender del régimen general de la Seguridad Social. La mutualidad aportaba complementos de jubilación, viudedad, orfandad, destino y antigüedad, mientras que la Seguridad Social sólo cubría una serie de conceptos en torno al salario base.

La situación de estos funcionarios fue planteada por el abogado José Luis Martín ante la jurisdicción laboral para defender a 38 funcionarios en Barcelona, que deberán percibir de la Administración más de 30 millones de pesetas, según la citada sentencia.

Martín Ortigosa explicó a EFE que estos funcionarios, además de cotizar a la Seguridad Social, pagaban una mutualidad obligatoria que ha sido suprimida por el Ministerio de Trabajo "y, por tanto, lo lógico es que ahora se les devuelvan las diferencias".

"Esta situación", añadió, "viene corroborada porque los sueldos de estos funcionarios son satisfechos por el Ministerio de Trabajo, a pesar de estar transferidos al Instituto Catalán de la Salud, y el reglamento por el que se rigen sigue siendo el del INP".

Sentencia y precedente

El letrado indicó que "la sentencia crea precedente, ya que todos los funcionarios de la Administración civil del Estado han sufrido indiscriminados recortes en sus percepciones por clases pasivas y están en su derecho de reclamar por lo que han pagado".Este es el primer pleito que se celebra con funcionarios en activo que, tras la eliminación de la mutua de la previsión, reclamaron la devolución de estas cotizaciones.

La sentencia dictada ahora afirma que los organismos públicos deberán devolver "todos los excesos de cotización a los funcionarios provenientes del antiguo INP y actualmente dependientes del INS, Insalud o ICS, en el caso catalán". "El Estado", añade la sentencia, "puede adoptar cualquier disposición normativa que afecte o limite la esfera particular de los demandantes, pero siempre desde el principio de la responsabilidad, tanto de sus actos como de sus disposiciones".

Hasta ahora, por orden del Ministerio de Trabajo, han sido suprimidas, además de la citada, las mutualidades de la Caja de Pensiones, del Banco de España, del Banco de Crédito Local, del Banco Hipotecario y del de Crédito a la Construcción.