El peritaje judicial sitúa en 760 millones el presunto fraude de la empresa SAVE
El fraude presuntamente cometido por la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) contra el organismo autónomo Aeropuertos Nacionales asciende a algo más de 760 millones de pesetas, según el peritaje judicial definitivo concluido esta misma semana. Esta cifra es la diferencia entre los cánones declarados y liquidados por SAVE y la cantidad que tendría que haber satisfecho si no hubiera minorado las recaudaciones obtenidas en los aparcamientos de 11 aeropuertos españoles, de cuya concesión disfrutaba desde 1974 en algún caso.Según el dictamen emitido por los peritos del Juzgado número 12 de Valencia, encargado de la instrucción del sumario, y por los designados por las partes, la cifra exacta se eleva a 760. 178.350 pesetas y está referida al período comprendido entre el inicio de la explotación de los estacionamientos y el 30 de septiembre de 1985, poco antes de la detención y la apertura de diligencias previas contra Vicente Iborra, presidente de la sociedad y, en aquellas fechas, de la patronal valenciana.
La citada cantidad se desglosa en 714.846,827 pesetas correspondientes al cánon ordinario -que varía entre un 40% y un 60% de las recaudaciones brutas, aproximadamente- y 45.331.563 pesetas procedentes del cánon adicional que, según los contratos de las concesiones, SAVE había de satisfacer en los aeropuertos de Madrid y Barcelona si la recaudación bruta sobrepasaba determinados topes, que variaban cada año.
Por aeropuertos, el de Barcelona es el que preíenta mayor desfase entre la liquidación real y la reglamentada: 283.637.620 pesetas. En Madrid-Barajas, la minoración alcanzó en los 12 ejercicios anuales citados la cifra de 217.030.695 pesetas.
Todas esas cantidades fueron trasvasadas a los cuatro estacionamientos propios de SAVE en Valencia y Murcia, de manera que figuran como ingresos, de los que se derivan los correspondientes pagos al Ministerio de Hacienda. Por esta razón, el auto de procesamiento dictado por apropiación indebida y, falsedad en de documento público el pasado 27 de febrero contra 34 personas, entre los que figuiran el consejo de administración de la empresa en pleno, no incluye una mención de delito fiscal.
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