La televisión privada, de nuevo en la lista de espera

ANABEL DÍEZ El Gobierno socialista da por concluido su mandato sin que el Parlamento haya aprobado una veintena de importantes leyes, de cuya tramitación había dado garantías el presidente del Gobierno, Felipe González, durante estos tres años y cuatro meses de andadura parlamentaria. La ley reguladora de la Televisión Privada, la norma para establecer las elecciones al Parlamento Europeo, la ley de Cámaras Agrarias, los estatutos de Ceuta y Melilla, la ley de Propiedad Intelectual y la del Jurado están en el debe de esta legislatura. La norma sobre los canales privados que iba a recibir trámite de urgencia en las Cortes, queda así de nuevo en la lista de espera, y deberá ser aprobada formalmente por el Gobierno que se constituya tras los comicios. El anteproyecto conocido hasta ahora pasa a convertirse en papel mojado.

El Ejecutivo, no obstante, se siente "muy satisfecho" de su ritmo legislativo. El resultado numérico desde que se constituyeron, las Cámaras el 28 de noviembre de 1982 ha sido el siguiente: 181 proyectos de ley, 15 proposiciones de ley, 36 reales decretos, 4 estatutos de autonomía y 262 convenios internacionales.Hasta hace una semana, todos los portavoces oficiales se referían a la ley de la Televisión Privada como una de las últimas normas que se iban a aprobar en esta legislatura, según había reiterado el presidente del Gobierno, Felipe González, en numerosas ocasiones. Con la disolución de las Cámaras, esta intención decae, así como la de aprobar una veintena de leyes que se hallan en diferentes fases parlamentarias, como es la modificación del Estatuto de RTVE, que ya no entrará en vigor.

La polémica ley del Jurado no ha pasado por ninguna fase legislativa, dado que ni siquiera llegó a plantearse en Consejo de Ministros, al igual que la ley reguladora de las elecciones al Parlamento Europeo, que el Gobierno ha optado por posponer hasta la primavera de 1987. Leyes anunciadas como "históricas" y que fueron defendidas por los ministros del ramo correspondiente con verdadero ardor no van a verse plasmadas por ahora en el Boletín Oficial del Estado, tales como la ley de Cámaras Agrarias, la supresión de tasas judiciales y la ley de Ordenación del Transporte Terrestre.

Además de éstas, las leyes que tendrán que ser propuestas por el nuevo Gobierno, dado que el actual las ha mantenido sólo en el capítulo de intenciones, son: Acta Única Europea, ley de Adopción, competencias y organización de la jurisdicción militar, impuestos sobre sucesiones, medidas especiales de salud pública, ley de Cooperativas, residuos tóxicos y peligrosos, ley de Propiedad Intelectual fiscalidad municipal (ORA), conflictos jurisdiccionales y ley de Fondos de Pensiones.

El presidente del Gobierno, un año después de constituirse las cámaras de mayoría socialista, dijo por primera vez que el Gabinete seguía "un ritmo trepidante" en el envío de leyes al Parlamento. González reflexionaba entonces sobre la eventualidad de aminorar ese furor legislativo.

El Gobierno aprobó en 1983 los estatutos de autonomía de Extremadura, Castilla y León, islas Baleares y Madrid, a pesar de lo cual no puede darse por cerrado el mapa autonómico, al no haberse tramitado los correspondientes a las ciudades de Ceuta y Melilla. La ley despenalizadora del aborto en tres supuestos, la ley orgánica del Poder Judicial -recurrida por el Grupo Popular ante el Tribunal Constitucional- y la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE) han sido tres de las normas que más virulencia dialéctica despertaron entre el Gobierno y la oposición. No menos crispada fue la reacción a la decisión del Gobierno de suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad por el que se paralizaban las leyes orgánicas aprobadas una vez que se ponía en funcionamiento este mecanismo ante el Tribunal Constitucional.

Especialmente orgulloso sesintieron el Gobierno, el PSOE y la UGT cuando, en junio de 1983, quedó fijada la jornada laboral en 40 horas y se establecía la obligatoriedad de vacaciones anuales mínimas de 30 días. Una vez más, se repetía el vocablo "histórico". Otro tanto ocurrió con la ley de Reforma Universitaria (LRU) y con las incompatibilidades para funcionarios, altos cargos de la Administración y parlamentarios.

Las medidas para la reforma de la función pública, la ley de Libertad Sindical, la objeción de conciencia y la ley general de Sanidad han salido adelante, con la satisfacción del Gobierno y con la oposición de buena parte de los sectores afectados.