Las organizaciones de la enseñanza privada proyectan cerrar los colegios durante una semana

Las cuatro organizaciones que integran la Coordinadora pro Libertad de Enseñanza proyectan paralizar durante una semana todo el sector privado de la enseñanza y negarse posteriormente a suscribir los conciertos educativos con el Estado. La firma de los conciertos deberá realizarse entre los próximos días 15 y 20 de mayo, según el calendario de la Administración. Antes de esa fecha, los representantes de la enseñanza privada tienen previsto llevar a cabo el cierre patronal. Según consta en un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, se recomienda que el cierre se efectúe "no antes del 15 de abril, no después del 15 de mayo".

La decisión de cerrar los centros y de no suscribir los conciertos fue adoptada en una reunión celebrada el pasado 24 de marzo, antes de que las comisiones provinciales encargadas de informar las solicitudes de los conciertos concluyesen sus trabajos. Ambas medidas se aprobaron por unanimidad en dicha reunión, a la que asistieron 136 representantes de las diversas organizaciones que componen la coordinadora, según se especifica en la mencionada comunicación interna.El compromiso de no firmar los conciertos se adoptó por unanimidad, aunque condicionado por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) -una de las cuatro organizaciones de la coordinadora-, cuyo secretario general es Santiago Martín, a la aprobación de su junta de gobierno, circunstancia que se produjo el pasado viernes, según informó la propia organización de religiosos. El citado documento recoge la siguiente cautela en relación a la no suscripción de los corivenios con el Estado: "Conviene retrasar el anuncio de esta medida hasta conocer la comunicación oficial respecto a los conciertos".

El cierre de los centros, que se presenta como un "cese de actividades docentes", fue acordado también por mayoría. El documento que recoge los acuerdos de la reunión señala que el cierre se producirá "corno consecuencia de la campaña informativa", y acerca de ésta se reseña que fue aprobada "por mayoría, nadie en contra, 16 abstenciones de representantes de las comunidades autónomas con plenas competencias, donde no hay problema por ahora: Cataluña, País Vasco y Galicia".

La campaña informativa -siempre según el reiterado documento de acuerdos- se financiará mediante una cuota de 1.000 pesetas por aula a cargo de la asociación de padres de alumnos y otra de 1.000 pesetas por aula a cargo de los directores. Estas cuotas van a suponer una aportación a la campaña de 80 millones de pesetas, dado que este sector educativo dispone de 40.000 aulas.

Otras acciones aprobadas en la reunión del 24 de marzo se refieren a la conveniencia de constituir coordinadoras provinciales allí donde no existan todavía y a que cada una de éstas se entreviste "con el obispo de la diócesis" para informarle "sobre la situación de la enseñanza de iniciativa social", así como con los dirigentes de otros grupos sociales. A este respecto se mencionan los colegios profesionales y las asociaciones de amas de casa y de antiguos alumnos.

La Coordinadora Pro Libertad de Enseñanza, que se constituyó cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de la LODE, está integrada por la FERE; la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), principal organización patronal de la enseñanza privada, dirigida por Ángel Martínez Fuertes; la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), cuya presidenta es Carmen de Alvear, y la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE).

Las cuatro organizaciones promovieron y financiaron las tres grandes movilizaciones de masas que se realizaron contra la LODE durante su gestación parlamentaria y hasta que el Tribunal Constitucional emitió su sentencia sobre el recurso previo de inconstitucionalidad presentado por Coalición Popular.

El pasado viernes, el subsecretario de Educación y Ciencia, José Torreblanca, facilitó a los medios informativos datos provisionales sobre la convocatoria de conciertos educativos para los centros situados en el territorio escolar gestionado por la Administración central, que abarca 26 provincias, además de Ceuta y Melilla.

Según estos datos, el ministerio va a denegar las solicitudes de 101 centros de EGB por no reunir las condiciones exigidas por la legislación, sobre todo por lo que respecta al número de alumnos por aula y porque la inmensa mayoría de ellos no cuenta con la autorización o reconocimiento oficial para su funcionamiento, aunque durante años hayan contado con ayuda económica del Estado.

De los restantes centros privados, un 80% tendrá acceso al régimen general de conciertos, es decir, serán colegios absolutamente gratuitos, y el otro 20%, al régimen de conciertos singulares, lo que significa que el Estado financiará el 70% de la enseñanza de sus alumnos y las familias el 30% restante. La cantidad que éstas tendrán que abonar ha sido fijada para el curso próximo en 2.000 pesetas mensuales.

Colegios de elite

Entre estos últimos se encuentran colegios considerados de elite, como el marianista del Pilar; el centro Nuestra Señora del Recuerdo, de los jesuitas; el colegio San Agustín, perteneciente a los agustinos, y el Instituto Veritas, de la institución teresiana, que se encuentra en Somosaguas. Todos ellos están situados en Madrid.Según el subsecretario, la adscripción de los centros a un régimen de conciertos o al otro dependerá sobre todo de los criterios de preferencia establecidos en el artículo 48 de la LODE. En él se señala que tendrán preferencia para los conciertos los centros que satisfagan necesidades de escolarización, que atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que, cumpliendo algunos de los requisitos anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo.

Uno de los aspectos de la LODE más fuertemente, rechazado por las organizaciones de la Coordinadora Pro Libertad de Enseñanza lo constituyen precisamente estos criterios de preferencia para los conciertos. Las cuatro organizaciones siempre han considerado que "impiden la libertad de enseñanza", entendida ésta como el derecho dé los padres a elegir el colegio que desean para sus hijos.