Malestar en las cooperativas por las negociaciones sobre la Caja de Reus
Las negociaciones de venta de la Caja Rural de Reus a Cajamadrid han despertado profundo malestar en la mayoría de las casi 140 cooperativas agrícolas existentes en el campo de Tarragona, por las perjuicios que ocasionará a sus actividades financieras, caracterizadas por una especial atención a las necesidades de los agricultores.La venta de la Caja Rural, pendiente de la asamblea de socios del próximo día 17, significaría la desaparición de la única entidad que permitía el funcionamiento de las secciones de crédito de estas cooperativas. Los agricultores critican tanto a la Administración central como al Gobierno de la Generalitat, por considerar que han incumplido los compromisos adquiridos.
Las secciones de crédito, a pesar de carecer de personalidad jurídica propia y depender exclusivamente de las respectivas cooperativas a que pertenecen, desarrollan una importante actividad financiera en los medios agrarios tarraconenses gracias a la labor de intermediación y finaciación que proporciona la Caja Rural Provincial.
Aunque jurídicamente la Caja Rural no garantiza los depósitos de las secciones de crédito, lo cierto es que les proporciona una ayuda sustancial al facilitar la conexión con el mundo financiero exterior para diversas actividades claves, como por ejemplo la compensación de cheques y talones.
En Cataluña existen un centenar de cooperativas con sección de crédito, con unos recursos superiores a los 12.000 millones de pesetas, la mayoría de las cuales se encuentran en Tarragona y vinculadas a la Caja Rural de Reus. En noviembre de 1983, el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep Maria Cullell, anunció la creación de un Fondo Cooperativo de Garantía de las Secciones de Crédito que "sería financiado por las cooperativas que voluntariamente se adhirieran, y por aportaciones de la Generalitat y otros organismos públicos". El conseller Cullell también anunció que "el fondo tendría como órgano de Gobierno a un consejo rector, formado paritariamente por cooperativistas representantes de la Administración, correspondiendo al Departamento de Economía y Hacienda la presidencia del consejo y la aprobación de los acuerdos".
Las cooperativas critican el incumplimiento de estas proyectos, cuya realización hubiera eliminado la incertidumbre en que se hallan ahora por falta de regulación jurídica y escasez de garantías suficientes. Ni la ley de la Generalitat de 14 de enero de 1985 de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas, ni la orden que la desarrollaba -de agosto pasado- crearon el anunciado fondo.
Muchas cooperativas se sienten ahora defraudadas por Caja Rural de Reus, ante la posibilidad de quedar abandonadas por la misma entidad que ellas contribuyeron a desarrollar, De los 10.000 millones de pesetas de pasivo de la Caja Rural, 3.000 proceden de las secciones de crédito y 3.000 de otras cooperativas.
Las críticas también se dirigen contra la Administración central por no haber aprobado un plan de saneamiento para la entidad.
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