El informe sobre la violencia en Euskadi recomienda juzgar a los terroristas ante tribunales ordinarios

El informe sobre la violencia en Euskadi encargado por el Gobierno vasco a una comisión de expertos internacionales fue dado a conocer ayer en Vitoria. Entre las recomendaciones incluidas en el documento se encuentran no excluir nunca la negociación como una opción política, juzgar a los presuntos terroristas en tribunales ordinarios y en la circunscripción donde han cometido el delito y reforzar la policía vasca hasta que se responsabilice completamente del orden público en la comunidad autónoma.

El informe aconseja también diseñar una amplia estrategia contra el terrorismo para los próximos 10 años, basada en la concertación y el acuerdo entre los Gobiernos central y autonómico. El texto de los cinco expertos será divulgado en su totalidad pese a que se había anunciado que una parte permanecería reservada por cuestiones de seguridad.La decisión de difundirlo íntegramente se ha adoptado, según explicó el portavoz del Gobierno vasco, Eugenio Ibarzábal, "para evitar cualquier sospecha de que el Gobierno vasco pudiera mantener secretos aquellos extremos menos coincidentes con sus tesis políticas".

Las recomendaciones de la comisión de expertos son 51, y abarcan medidas de índole cultural, legal, judicial y socioeconómica, y propuestas de acción concreta en materia de policía, servicios de información, seguridad y educación. La última de las recomendaciones, incluida bajo el epígrafe Negociaciones, dice lacónicamente lo siguiente: "La comisión recomienda enfáticamente que nunca se excluyan las negociaciones como una opción política".

Ésta era una de las cuestiones que mayor expectación habían suscitado en torno al trabajo de los expertos, tras la publicación de varias informaciones que aseguraban que la comisión recomendaría descartar la posibilidad de negociar con ETA. Esta organización, por otra parte, no aparece expresamente citada en este apartado.

La referencia a la negociación no impide que los expertos se pronuncien con rotundidad, en el capítulo dedicado a extraer lecciones de la experiencia europea frente al terrorismo, por una acción gubernamental dirigida a convencer a los que proponen el uso de métodos violentos para conquistar la independencia, que "no existe la posibilidad de que la consigan".

Otra de las recomendaciones insiste en la aplicación estricta del párrafo 6 del artículo 117 de la Constitución española, que prohíbe los tribunales de excepción.

La comisión recuerda que el principio general que obliga a procesar a un acusado ante el tribunal de la jurisdicción donde se ha cometido el delito no se aplica en la actualidad a los terroristas, que son conducidos ante los juzgados centrales de instrucción y la Audiencia Nacional.

Esta situación, "como cualquier excepción a las normas y principios básicos de la justicia criminal", tiene consecuencias negativas en la lucha contra el terrorismo y debe superarse mediante el "restablecimiento de los procesos normales garantizados por la Constitución".

Modificar leyes

Además de esta recomendación, cuya aplicación estricta obligaría a modificar el ordenamiento jurídico vigente, y en particular la ley Orgánica del Poder Judicial, el informe se pronuncia a favor de un desarrollo "al pie de la letra" del artículo 35 del estatuto de autonomía del País Vasco y subraya en otro apartado el carácter constitucional de los artículos 12, 13 y 35 del Estatuto de Autonomía.Los artículos del estatuto citados se refieren a la administración de justicia en el País Vasco y establecen que la comunidad autónoma ejercerá en su territorio las facultades que las leyes orgánicas reserven al Gobierno central. Del mismo modo, reconocen el conocimiento del derecho foral vasco y del euskera como méritos preferentes para el nombramiento de magistrados, jueces y secretarios.

Además, atribuyen a la comunidad autónoma la facultad de instar al órgano competente la convocatoria de oposiciones y concursos y al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (aún no constituido) la cobertura de las plazas vacantes, y asignan a la Administración vasca la provisión en su territorio del personal al servicio de la Administración de justicia.

La posible contradicción entre esta parte del estatuto y la ley Orgánica del Poder Judicial motivó un recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional, todavía pendiente de resolución.

La comisión de expertos se refiere a esta situación cuando reconoce que la aplicación estricta de las disposiciones citadas plantea problemas constitucionales que las autoridades de Madrid y Vitoria deben abordar urgentemente, porque se trata de "un requisito previo al establecimiento de una política efectiva de administración de justicia criminal" en el ámbito de la comunidad autónoma.

El apartado dedicado a la policía recomienda, primero, ampliar el papel del cuerpo autónomo vasco con la creación, de una sección de policía judicial. Luego, insta a aumentar las competencias de la Junta de Seguridad del País Vasco como un foro de consulta y contacto entre la policía autónoma y las fuerzas de seguridad del Estado.

Por último, sugiere que "a su debido tiempo, la policía autónoma se convierta en la autoridad para todos los aspectos del mantenimiento del orden público" en su ámbito territorial.

Las conclusiones del informe se extienden a otros ámbitos. Se pide, por ejemplo, llevar la investigación sobre ETA al terreno metapolítico e indagar los rasgos sociopsicológicos y antropológicos de la organización, así como sus raíces culturales, el perfil que caracteriza a un etarra y la significación psicológica de la organización para los jóvenes de Euskadi. En el terreno educativo, la comisión pone especial énfasis en la concienciación desde el sistema de enseñanza, el respeto al bilingüismo y al derecho a escolarizarse en cada una de las dos lenguas oficiales.