Una vieja idea de Arzalluz

La idea de requerir un dictamen sobre la violencia en el País Vasco y las medidas necesarias para terminar con sus manifestaciones pertenece al líder del PNV, Xabier Arzalluz, que la planteó en abril de 1983, sin conseguir que el Gobierno de Carlos Garaikoetxea llevara el proyecto a la práctica. El presidente del Gobierno de Vitoria, José Antonio Ardanza, la hizo suya y la incluyó en el decálogo contra el terrorismo que expuso ante el Parlamento autónomo tras el asesinato por ETA del superintendente de la policía autónoma, Carlos Díaz Arcocha, en marzo del pasado año. Arzalluz, según algunas fuentes, mantuvo contactos frecuentes con algunos de los autores del informe.La presidencia de la comisión fue encomendada al británico Clive Rose, especialista en temas de defensa y antiguo representante de su país ante la OTAN. Los otros cuatro expertos encargados de realizar el dictamen son el italiano Franco Ferracuti, profesor de psiquiatría y de Derecho Penal; el también británico Peter Janke, hispanista y especialista en seguridad; el alemán federal Hans Horchem, director del Servicio de Defensa de la Constitución en Hamburgo, y el francés Jacques Leaute, profesor de Derecho Penal y presidente de la Sociedad de Criminología de París.

La comisión fue contratada por el Gobierno vasco el 7 de junio pasado. El coste del trabajo no ha sido revelado. El mes siguiente pudo confirmarse que alguno de los expertos ya había visitado la comunidad autónoma e iniciado contactos para ampliar su conocimiento de la realidad vasca.

Los cinco expertos instalaron su cuartel general en un hotel de Londres, donde pusieron el punto final al trabajo con fecha del pasado día 5 de marzo. En los ocho meses que ha durado su actividad los miembros de la comisión han mantenido reuniones con todas las fuerzas políticas vascas que participan en el Parlamento, criterio este que ha permitido excluir a la coalición independetista Herri Batasuna.

El informe, que tiene una extensión superior a 200 páginas, ha sido redactado en inglés y la versión del original al castellano se ha realizado siguiendo un criterio de literalidad. Eso es lo que permiten apreciar al menos los 24 folios presentados ayer en Vitoria, que contienen las recomendaciones finales y las conclusiones del estudio de experiencias en otros países.

El intento de mantener el sentido literal exacto del texto original ha provocado la proliferación de términos como seguridad protectiva o servicios de intelegencia. También se cita en ocasiones al Estado vasco, término que coexiste con el de región para designar a la comunidad autónoma de Euskadi.