La liberalización de la agricultura

La agricultura española comienza ya a vivir un período de liberalización sin precedentes. La entrada en vigor de la Política Agraria Común (PAC) es el punto de partida de un brusco cambio, tanto en el aspecto normativo como en la infraestructura, de la agricultura española. El autor analiza este proceso y advierte que la liberalización agrícola, que es inevitable y deseable, debe hacerse con prudencia.

Con la entrada en vigor en España de la Política Agraria Común (PAC), la agricultura española va a vivir un período ole liberalización sin precedentes. La PAC implica una regulación de los mercados y de los intercambios de productos agrarios muy distinta de la practicada hasta hoy en España. Pero las diferencias entre nuestro país y el resto de Comunidad no son únicamente de orden normativo; existen también diferencias de tipo infraestructural y climatológico que repercuten en la competitividad dentro del mercado único europeo.A veces se acusa a la agricultura española, desde esferas vinculadas al poder económico urbano, de una incapacidad para adaptarse a los cambios generales de la coyuntura económica e, a los requerimientos de la demanda. No es fácil para el sector agrario adaptarse con rapidez a circunstancias cambiantes; pero la rigidez de la agricultura española tiene razones profundas que suelen ignorarse: el medio físico y el clima condicionan las posibilidades agrarias en mayor medida que en otras actividades económicas.

En España tenemos un país con acusados contrastes. Frente a unas zonas sur y rnediterránea de grandes posibilidades agrícolas pero con escasez de agua, encontramos una España húmeda pero muy montañosa. El interior peninsular es llano, pero seco y frío. Hay zonas en la meseta castellana donde el período libre de heladas se reduce a tres o cuatro meses al año. España será el país más montañoso de la Comunidad ampliada. Un 57% del territorio español está situado por encima de los 600 metros de altitud. Si exceptuamos Galicia, la cornisa cantábrica, Navarra y Gerona, el país recibe precipitaciones medias inferiores a los 700 mm. al año.

La España húmeda ha generado una estructura de explotaciones agrarias minúsculas, mientras en el sur del país una más adecuada dimensión económica de las explotaciones va ligada a la existencia de profundos desequilibrios sociales. Estos rasgos de la agricultura española son suficientes para recordarnos a todos en qué país vivimos. No se trata de exagerar el papel de los condicionamientos estructurales, sino más bien de contrarrestar los efectos de la campaña desarrollada en los últimos años en torno a la hipotética potencialidad de la agricultura española. Tal vez lo más desconcertante de toda esa operación, de inspiración francesa, es que ha llegado a convencernos a los españoles de que lo que se dice es cierto y realmente se teme a nuestra agricultura más allá de nuestras fronteras. En algunos medios urbanos españoles se ha llegado a confundir al sector agrario con las frutas y hortalizas, que, aunque representan un importante 23% de la producción final agraria de este país, no deben desorbitarse ni su significado ni sus posibilidades. Si a las frutas y hortalizas añadimos el vino, el aceite de oliva, el arroz, el girasol y... poco más, alcanzamos el 35%, de la producción final agraria española, que puede considerarse como altamente competitiva.

Para el resto de la España agraria la liberalización de la agricultura española se presenta con tonos más sombríos. La ganadería, los cereales, el azúcar, etcétera, son sectores espectacularmente excedentarios en la Europa donde nos integrarnos. La guerra comercial en el mercado europeo pero también en el mercado internacional, puede considerarse como exacerbada por un desequilibrio oferta-demanda crónico. Las empresas europeas han tenido que desarrollar una gran capacidad organizativa. A ello ha contribuido una generosa política de apoyo público que supone alrededor de dos billones de pesetas de presupuesto anual del FEOGA.

La adhesión de España se produce en un momento delicado, cuando ya se han empezado a recortar los presupuestos agrícolas, cuando sectores como la leche, los cereales, la carne de vacuno, el azúcar... sólo pueden esperar una política de recortes.

La PAC está sufriendo las consecuencias de sus propios errores, pero también los efectos de la ambigüedad del proceso de construcción europea. El gran error de la política agrícola ha sido, sin duda, no haber forzado una mayor especialización productiva de la agricultura europea, con niveles de precios inferiores que hubieran evitado la formación de las actúales montañas de excedentes. Pero dicho proceso de especialización productiva ha sido inviable, principalmente porque el resto de la política económica europea ha seguido siendo básicamente de soberanía nacional. Sin una política social y de empleo europea, sin una política fiscal y monetaria supranacional, ¿cómo podrían atenderse los graves desequilibrios que provocaría una política agraria europea basada en una especialización productiva a nivel regional?

En definitiva, es muy difícil que la Política Agrícola Común pueda consolidarse a largo plazo si no se progresa simultáneamente en la unidad económica y monetaria. La PAC se está llenando de ajustes coyunturales, controles, intervenciones, cuotas, contingentes..., dentro de un proceso de progresiva renacionalización. Es cierto, como argumenta la Comisión Europea, que en el futuro hay que seguir una política más rigurosa, restrictiva en los precios y que eleve el nivel de competitividad.

En estas circunstancias, la liberalización de la agricultura española, aunque inevitable y en cierto modo deseable, debe hacerse con prudencia. En la Comunidad se aplica de modo sistemático la vieja ley del embudo, según la cual los principios de mercado único, preferencia comunitaria o de la libre competencia son más ciertos en aquellos mercados que más benefician a uno mismo. Dicha ley debemos tenerla muy presente los españoles mientras no se avance en la creación de un mercado único en frutas, hortalizas y vino.

El impacto de la adhesión sobre nuestro sector ganadero, cerealista y azucarero puede ser grave. Las consecuencias de la liberalización pueden crear serios problemas regionales en Castilla y León, Galicia, cornisa cantábrica, Aragón... La prudencia en la aplicación de los acuerdos de adhesión aconseja avanzar lentamente en la creación del mercado único.