Un abogado de Barcelona declara ante el juez sobre la evasión de divisas descubierta en Irún

El abogado barcelonés Joan Royo Valls, especializado en Derecho tributario y fiscal, ha prestado declaración ante el juzgado de delitos monetarios de Madrid respecto a la evasión de divisas descubierta el pasado 12 de febrero en Irún (Guipúzcoa), a interceptar la policía un vehículo que transportaba ocultos 30 millones de pesetas. El industrial del juego Manuel Lao, propietario de la empresa CIR- SA, ha reconocido que 26 de los millones habían sido suyos. El conductor del vehículo, Antonio Sorozábal, recibió, al parecer, el resto del dinero de manos de una persona allegada al letrado que ha sido interrogado en relación al caso.

El abogado Joan Royo niega cualquier vinculación con Antonio Sorozábal, el evasor sorprendido por la policía, y califica de "inexacta" la versión recogida en medios allegados a la abogacía según la cual el dinero le había sido entregado al transportista siguiendo las indicaciones de un cliente suyo, que trataba de hacer llegar esta cantidad -supuestamente, fruto de una herencia- a un familiar que reside en Suramérica. Royo se niega a dar una versión precisa de los hechos, asegurando que se lo impide el secreto profesional, pero puntualiza que no conoce al transportista detenido y que la primera vez que oyó hablar de él fue en el Juzgado de Delitos Monetarios.En los próximos días deberán declarar en el juzgado de delitos monetarios diversos, comerciantes y profesionales de Madrid que podrían haber tenido en algún momento relaciones con el presunto evasor detenido, según se aseguró ayer en medios allegados a la judicatura. Antonio Sorozábal, que se encuentra actualmente encarcelado en la prisión de Martutene en San Sebastián, será trasladado en breve a Madrid para ser interrogado por el Juez que lleva el caso. El abogado José María Varó, especialista en este tipo de infracciones, se ha hecho cargo de la defensa del implicado.

El transportista

Sorozábal, de 42 años de edad, prestó declaración ante la policía de San Sebastián el día de la detención y reconoció haber actuado como transportista de las divisas que se pretendía evadir. Esta misma versión la confirmó ante el Juzgado de Instrucción número 2 de aquella ciudad. Confesó, además, que un desconocido le había ofrecido en Bayona (Francia) un trabajo consistente en desplazarse a diferentes ciudades de España para recoger en determinadas direcciones diversas cantidades de dinero, que debería trasladar al otro lado de la frontera. Por cada viaje se le prometieron 100.000 pesetas. Sorozábal aceptó la oferta por encontrarse en paro.Al parecer, el transportista ofreció su propio vehículo para realizar los viajes. A requerimiento del desconocido de Bayona y por encargo de éste, se realizaron en un taller de aquella ciudad una serie de reformas en el chasis del coche para poder esconder dinero. El escondite estaba tan perfectamente camuflado que la policía que interceptó el vehículo en Irún tuvo que desguazar todo el coche para encontrarlo, después de estar todo un día buscándolo.

Antonio Sorozábal parecía conocer perfectamente el funcionamiento y las costumbres de los funcionarios y policías destinados al paso fronterizo de Irun, ya que solía cruzarlo a diario en dos o tres ocasiones para acompañar a su hija, que estudia en un colegio de Bayona, o para visitar a familiares que residen en aquella ciudad del sur de Francia. Según el abogado Varó, este ha sido el único viaje que ha efectuado su cliente como "transportista" de divisas. El letrado recalcó que su cliente carece de antecedentes.

Al margen de lo anterior, el abogado defensor de Sorózabal no desea hacer ningún comentario más sobre el caso y sobre su cliente. Califica, sin embargo, de "increible" la versión dada por Lao Hernández según la cual sus 26 millones de pesetas los había entregado para combatir el espionaje industrial del que eran objeto, algunos de los proyectos electrónicos que se diseñaban en sus empresas.

Peón de una organización

En medios jurídicos se asegura que Sorozábal podría ser un peón utilizado por toda una organización dedicada a la fuga de divisas. Esta afirmación se desprendería de la información obtenida por la policía después de efectuar un estrecho seguimiento del detenido, que duró aproximadamente seis meses.El expediente judicial se dirige por ahora unicamente contra Sorozábal. Las diligencias se encuentran al parecer parcialmente paralizadas, a la espera del relevo previsto en la dirección del juzgado de delitos monetarios, pues Luis Lerga abandona el puesto hoy, lunes 3 de marzo, para dejar paso al magistrado Alfonso Barcala y Trillo de Figueroa, el verdadero titular del departamento, que solicitó ser relevado provisionalmente del destino para poder dedicarse íntegramente a la instrucción del sumario sobre la colza. Luis Lerga se reintegra al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, del que es titular.