Buenas noticias para la economía española

EL ANUNCIO por parte del ministro de Economía de una serie de medidas reactivadoras de la economía es un reflejo del nuevo clima de confianza que ha provocado en Europa Occidental la caída de los precios del petróleo, de otras materias primas y de la cotización del dólar. La mayoría de los Gobiernos europeos ha repercutido sin tardanza el descenso de los precios del crudo a los consumidores de sus países con la intención de favorecer el crecimiento económico de un continente caracterizado estos últimos años por el estancamiento de su actividad. La ocasión era, en efecto, demasiado favorable como para dejarla escapar: una vez negociados los aumentos nominales de las rentas, la disminución de los precios procura un suplemento de poder adquisitivo a los asalariados que debe terminar reflejándose en un aumento de la demanda real. Como, por otra parte, en la casi totalidad de los países europeos el equipo productivo está infrautilizado y, además, las empresas han mejorado sustancialmente su situación financiera, cabe albergar razonablemente la presunción de que el aumento de la demanda no será inflacionista y que podrá inducir, antes o después, un aumento de la inversión y, por consiguiente, del empleo.En España, la situación difiere de la de los países de la CEE por varias razones, de entre las cuales cabe destacar el peculiar y enrevesado sistema de fijación de precios energéticos de que disfrutamos, basado en complicadas fórmulas polinómicas diseñadas en los tiempos fundacionales del monopolio: tal vez haya llegado el momento de simplificar el sistema y acercarlo a los mecanismos de mercado, aunque por el momento ayer sólo fue anunciada una baja de "todos los precios" para situarlos en niveles europeos. El otro elemento diferenciador, en relación con la mayor parte de los países europeos, es la magnitud del déficit público, que incita a los responsables de la Hacienda pública a apropiarse los beneficios de la disminución de los precios del petróleo para reducir el déficit de manera indolora, en vez de avanzar por la vía, más dificil políticamente, de disminuir el gasto.

En cuanto a las medidas anunciadas, la posible reducción del precio de la gasolina, con ser importante, no lo es tanto como la disminución del precio del fuel, cuyo nivel se sitúa muy por encima del promedio europeo y que ahora puede bajar hasta un 20% para consumos industriales. Las venta as políticas de bajar al precio de la gasolina son evidentes, pero, desde el punto de vista económico, lo que de verdad ayudará a la competitividad de las empresas es la reducción del precio del fuel. También se sitúa en esta línea la reducción por el momento anunciada sin fecha fija y sometida a las incertidumbres sobre la marcha de los ingresos públicos a final de año, mal que le pese a la CEOE, de las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que puede aliviar, aunque no en plazo inmediato, la tensa situación del empleo. En este contexto general, resulta sorprendente el fuerte aumento de las tarifas eléctricas: alguien tendrá que explicar las diferencias entre los cálculos de la Junta Superior de Precios, según los cuales se justificaría un aumento del 2%-3%, para las tarifas domésticas y un 7% para las industriales, y los del Ministerio de Industria, que propone un incremento del 8%.

El resto de las disposiciones, de carácter financiero, e inscribe dentro de la línea de flexibilización que, no siempre con coherencia, se viene predicando desde la Administración. La creación de un marco favorable para el desarrollo del capital de riesgo en España, así como la introducción de un segundo mercado en la bolsa y de otro para los pagarés del Tesoro, favorecerán a las pequeñas y medianas empresas, que son las únicas capaces de protagonizar la creación de empleo en los próximos años. La normativa española en estos campos se había quedado muy desfasada en relación con la de nuestros vecinos europeos, por lo que su puesta al día se justifica plenamente.

En cuanto a las medidas fiscales, los contribuyentes difícilmente entenderán a e estas alturas la urgencia en enviar a las Cortes, pocos meses antes de terminar la legislatura, proyectos como la reforma del impuesto sobre sucesiones (necesaria, pero frustrada ya en 1981), una nueva regulación de las plusvalías (el Gobierno limitó hace varios meses ventajas que ahora pretende meter por otra puerta), y el proyecto de ley de fondos de pensiones, también demorado durante años. De todas formas puede resultar positivo para las expectativas de ahorro e inversión que, si bien tarde y quizá con pocas probabilidades de que salgan antes de disolverse las Cortes, el Ejecutivo se haya decidido a afrontar tales decisiones.

Merece mención especial el anuncio de que van a ser suprimidos inmediantamente y por decreto los numerosos, obstáculos que demoran la creación de nuevas empresas o su ampliación: múltiples instancias y permisos, pólizas, comparecencias del empresario en persona. La creación de una ventanilla única de la Administración central y de las periféricas era una medida insistententemente solicitada por los empresarios.

El Gobierno parece haberse dado por enterado de que las circunstancias económicas han cambiado y conviene aprovechar el descenso del dólar y de los precios del petróleo para promover el crecimiento de la economía. Las acusaciones de electoralismo, aún si son fundadas, no debieran hacer mella en su determinación: las medidas se justifican económicamente por sí solas. Incluso -o sobre todo- si, por una vez, son populares.