Una sentencia contra el aborto

LA SENTENCIA de la Audiencia Provincial de Murcia que acaba de condenar a dos jóvenes por delito de aborto -una de ellas como intermediaria- parece estar fuera de la legislación actual. La justificación de que el hecho se produjera en noviembre de 1982, antes de que rigiera la ley que despenaliza el aborto en casos como éste de violación, no parece muy sólida. Si hubiera que seguir su hilo nos adentraríamos en un vertiginoso mundo de ciencia ficción. El tribunal actuaría hoy como si estuviera juzgando entonces y se situaría legal y mentalmente en ese entonces. Si esto contiene algún soporte jurídico es obvio que en él no se apoya cómodamente el sentido común. Y más bien hace pensar en la latente oposición de algunos sectores a la moderada ley sobre el aborto que logró aprobar la mayoría socialista. Oposición que se viene manifestando en las diferentes formas de boicoteo, y a las dificultades y hasta vejaciones a las que con frecuencia se ven expuestas las mujeres que solicitan ayuda médica de este tipo en las clínicas españolas.Estas circunstancias y la misma estrechez de los supue stos contemplados en la ley están provocando, en lo que puede saberse, que el aborto clandestino en todos sus aspectos -desde la vieja aguja hasta el viaje a Londres- se mantenga en los mismos niveles anteriores, y que incluso mujeres que se encuentran amparadas legalmente los prefieran, por discreción, a costa de los graves riesgos que en algunos casos conllevan. El mismo derecho a la intimidad y a la opacidad de la propia biografía en cuanto no afecte a los demás, que tan celosamente se guarda para cuestiones de otra índole y que los jueces defienden en muchas ocasiones con severas sentencias, adquiere en estos casos otro valor, y las mismas personas que deberían mantener el secreto profesional lo hacen trascender, con nombres y apellidos, como forma de castigo.

El paso hacia la despenalización del aborto es muy reciente y ha chocado con los seculares perjuicios de una moral común altamente influida por los mandatos del catolicismo. No es de otra parte la sociedad española la única en la que este tema ha sido polémico y ha provocado airadas protestas. Sería banal no reconocer que en este asunto, como en otros, este país reproduce, aún con algunas dilaciones, los mismos conflictos que otras democracias afrontaron hace tiempo. Una cuestión sin embargo es clara: existe un derecho para quienes desean hacer uso de él y nada ni nadie debe reducirlo. Una parte de la sociedad española se opone al aborto, pero en la punta de esa sociedad están las personas que deben tomar las decisiones para que el ciudadano pueda ejercer sus legítimas prerrogativas. Hacer uso de la ideología para negar los derechos de los otros es una forma de represión propia del oscurantismo.