El fiscal pide 51 nuevos procesamientos en el fraude a la Seguridad Social

El ministerio fiscal ha solicitado al juez instructor del fraude a la Seguridad Social, descubierto en Barcelona en otoño de 1982, 51 nuevos procesamientos por presunta falsedad en documento oficial, estafa y cohecho. Las peticiones de procesamiento, según fuentes de Europa Press, afectan a 3 funcionarios de la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT), 7 asesores intermediarios y 41 directivos de empresas, 31 de los cuales pertenecen a sociedades que ya tenían algún representante procesado en esta causa.De prosperar la petición fiscal, que implica un salto cuantitativo de notable importancia en el sumario, serían 128 las personas procesadas. El procedimiento ocupa 99 tomos y más de 20.000 folios. El escrito remitido por el fiscal al juzgado de instrucción número 2 señala la presunta intervención en los hechos de 10 personas por cuenta de empresas ya involucradas anteriormente en la causa, sin que todavía se les hubiera imputado una responsabilidad penal. Según fuentes de la abogacía, corresponden a una segunda relación remitida por la Guardia Civil al instructor pocos meses después de los primeros encarcelamientos.

En la actualidad, son 125 empresas las que se encuentran sometidas a investigación judicial por el fraude a la Seguridad Social. De las nuevas peticiones de procesamiento por parte del fiscal, 10 personas corresponden a empresas ya involucradas, pero que aún no tenían ninguna persona procesada en la causa. Por otra parte, el fiscal ha presentado una lista de 18 nuevas empresas para ser investigadas.

Entre los nuevos presuntos implicados, destacan por su número la presencia de siete asesores intermediarios y tres funcionarios. La intervención de estos dos grupos de personas ha sido considerada clave durante la investigación para hacer posible la vinculación entre los empresarios y el jefe de la ODIT, el inspector de Trabajo Ramón Ballesteros y el también inspector de Trabajo Graciniano Gómez Catón.