Un principio de acuerdo para Ceuta y Melilla

LA REUNIÓN celebrada en Madrid entre dirigentes de las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla y representantes autorizados de la Administración del Estado enciende una luz de esperanza en el oscuro túnel de prejuicios, discriminaciones y torpezas al que había sido empujada la población de origen marroquí y religión musulmana con larga residencia -en bastantes casos, desde el nacimiento- en esas dos ciudades. Ciertas ambigüedades del comunicado conjunto, hecho público tras la reunión, y algunas discrepancias de ambas partes en la interpretación del documento, que afectan a sus implicaciones jurídico-prácticas, impiden, sin embargo, dar completa rienda suelta al optimismo.La promulgación de la ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que concedía un plazo para que los ciudadanos de otros países pusiesen en regla sus papeles, suscitó la justificada protesta de los melillenses musulmanes carentes de nacionalidad española (más de 20.000 sobre un total de 27.000, en una ciudad con una población de 72.000 habitantes), a quienes se forzaba a aceptar -so pena de expulsión de nuestro territorio- el reconocimiento formal de una condición de extranjería que en su fuero interno rechazan. Ante esas críticas, el Gobierno se limitó a recordar que las normas son de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Sin embargo, la situación especial de los musulmanes de origen marroquí residentes en Ceuta y Melilla habría exigido una regulación, también especial, que atendiese a las peculiaridades históricas del caso y garantizase los derechos adquiridos. Porque esa minoría religiosa y étnica, arraigada en Ceuta y Melilla por su trabajo, pero sometida también a discriminaciones jurídicas, sociales, económicas y laborales, se considera con derechos históricos, políticos y morales suficientes para disponer de la ciudadanía española y para ejercer por entero las garantías y libertades que la Constitución de 1978 otorga.

En nuestro ordenamiento jurídico existe un vacío o una carencia legal que priva a los marroquíes (pese a la larga etapa de presencia española en la zona del Protectorado) de los beneficios que el Código Civil concede, para la adquisición de la nacionalidad española, a los oriundos de países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y a los sefardíes. Todo nuestro sistema jurídico se halla recorrido por ese olvido o ese menosprecio hacia los melillenses y ceutíes de origen marroquí y religión musulmana, nacidos o inmigrados en esas ciudades, que hablan el castellano, han crecido en nuestro medio cultural y se identifican con los valores y los principios de la democracia española. La propia ley de extranjería establece un trato preferente -para los permisos de trabajo - en favor de "los nacionales iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes y las personas originarias de la ciudad de Gibraltar", pero equipara, con su silencio, a los habitantes no cristianos de Ceuta y Melilla con los ciudadanos de los más exóticos y lejanos países. Pero las leyes no son eternas y las mayorías parlamentarias pueden y deben modificar el ordenamiento jurídico para dar respuesta a nuevas situaciones o reparar injusticias.

La reunión celebrada ayer convocó, junto a los delegados de las comunidades musulmanas en Ceuta y Melilla, a los subsecretarios de los Ministerios del Interior y de Justicia, al director general de Política Interior y a un adjunto del Defensor del Pueblo. El resultado ha sido un conjunto de acuerdos que permiten ganar tiempo y evitar cuando menos la atropellada adopción por la Administración de medidas irreparables contra los melillenses y los ceutíes musulmanes, que hubieran llenado de vergüenza, por su contenido discriminador y racista, a nuestras instituciones democráticas. Una comisión mixta, integrada por representantes de los Ministerios de Justicia y del Interior y de las dos comunidades musulmanas estudiará "soluciones tendentes a favorecer la plena integración en la sociedad española de los residentes musulmanes en el territorio nacional". Con ayuda de los dirigentes locales de esos colectivos, se elaborará un censo de ciudadanos musulmanes residentes en ambas plazas de soberanía. La definición del "concepto de arraigo" de los melillenses y ceutíes y la decisión de dar "la máxima celeridad a la tramitación de los expedientes" de nacionalización en trámite permitirá -al menos en teoría - que los musulmanes residentes en Ceuta y Melilla no se vean afectados por la aplicación de la ley de extranjería.

El espíritu de la reunión parece resumirse en el anuncio de la "decisión" de las autoridades españolas de "favorecer la plena integración en la sociedad española de los ciudadanos musulmanes residentes en Ceuta y Melilla". La única reserva de la Administración es que esa "plena integración" se realice "de acuerdo con la legalidad vigente". Aquí puede tener su guarida ese gato encerrado que los dirigentes musulmanes temen. Los grupos parlamentarios ampliamente mayoritarios en ambas Cámaras -socialistas y Coalición Popular- podrían alcanzar un rápido consenso para modificar, mediante trámite de urgencia, las normas que dificulten o retrasen la instrumentación legal del derecho histórico, político y moral de los melillenses y ceutíes de religión musulmana y origen marroquí a conseguir la plena ciudadanía española.