Ocho suboficiales, juzgados por presunta estafa al comprar alimentos para el Ejército

Alfonso Arroyo, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pamplona, ha solicitado la pena de seis meses y un día de prisión menor y 30.000 pesetas de multa para cada uno de los ocho suboficiales del Ejército de Tierra destinados en el batallón Estella XXI procesados como presuntos autores de un delito de estafa y falsedad realizado en la compra de alimentos para ese regimiento. Los cuatro letrados de la defensa solicitaron en el juicio, que ha quedado visto para sentencia, la libre absolución de los procesados, y arguyeron la ausencia de pruebas documentales que sustenten las acusaciones.

El ministerio fiscal solicitó en la vista dos meses de arresto mayor para Pedro Sanz Otermin, propietario del establecimiento Itzuli de Estella (Navarra), como presunto autor de un delito similar de falsedad y estafa continuada. El procesado reconoció que durante 1982 entregó a los suboficiales encargados del servicio de cocina que abastecía al batallón cantidades que oscilaban entre las 31.000 y las 265.000 pesetas. Otermin declaró en el juicio que estos suboficiales le solicitaban dinero por realizar las compras en su establecimiento y añadió que sin embargo no había, accedido a sus peticiones.Las declaraciones del propietario de la carnicería no coincidieron, sin embargo, con los testimonios de cinco de los militares, que reconocieron haber recibido estas cantidades en concepto de "regalo".

Los procesados, que prestaron declaración durante cinco horas, vestidos de paisano, son los sargentos Juan Palomo, Carlos Gueme y Tomás Frutos Moreno; los brigadas Andrés Benito y Pedro Gómez Gutiérrez, y los suboficiales Juan Reyes, Juan Redondo González y Manuel Iglesias. Todos ellos estuvieron al mando del servicio de cocina del batallón en el primer semestre de 1982.

Ventas de un millón al mes

Según el testimonio del carnicero (que abastecía al batallón desde hacía cuatro años con un volumen de ventas de un millón de pesetas mensual), los suboficiales le exigían porcentajes del volumen de las compras, y en ocasiones le devolvían importantes partidas de la carne adquirida en su establecimiento y que figuraban como si hubieran sido consumidas. El valor de las mismas lo reintegraba a los suboficiales.Las irregularidades fueron descubiertas meses más tarde y los oficiales del batallón iniciaron una investigación. Juan Reyes, suboficial que reconoció haber recibido 265.000 pesetas del establecimiento en un cheque a cargo del Banco Atlántico, fue arrestado durante 14 días por "inexactitud" en el cumplimiento de su deber. Todos los implicados devolvieron las cantidades recibidas a sus superiores una vez descubiertos los hechos, y tan sólo el brigada Pedro Gómez y el suboficial Juan Palomo se encuentran en la actualidad apartados del servicio.

El fiscal Arroyo recalcó "Ia absoluta falta de control que existían en el batallón Estella XXI". Añadió que en los documentos militares no figuran los nombres de los proveedores y aseguró que se había producido una alteración en los albaranes y que la ausencia de estos documentos no es obstáculo para mantener una acusación de falsedad. Alfonso Arroyo dijo que la estafa consistió en una falsa adecuación entre las cantidades servidas y las pagadas.

José Lecumberri, uno de los abogados defensores de los militares, destacó qué éstos habían reconocido recibir las cantidades citadas y argumentó su intervención en la ausencia de documentos que pudieran acreditar las acusaciones. Así, señaló que no se especifican cuáles fueron los albaranes alterados ni la cantidad de carne que se entregó en cada caso. Sobre las cantidades recibidas aseguró que lo habían sido en concepto de gratificación o comisión, asegurando que era una tónica habitual en estas entregas.