La reordenacion del Alto de San Isidro, un nido de conflictos

La reordenación del barrio madrileño del Alto de San Isidro, en el distrito de Latina, sigue originando conflictos. En los últimos días, cinco familias, expropiadas de acuerdo con el Plan de Remodelación de Barrios, se han opuesto al realojamiento provisional en barracones prefabricados. Un portavoz del Instituto de la Vivienda de Madrid afirma que estas familias "pretenden adelantar el turno de otras en la obtención de piso". El lunes, la policía desalojó del complejo prefabricado a unos 40 ocupantes ilegales. Al derribar una finca, las palas derrumbaron la techumbre de un inmueble vecino.

El Alto de San Isidro está situado en la margen derecha de la calle del General Ricardos, junto al cementerio Sacramental de Santa María. Las calles de Pellejeros y del Comandante Cirujeda son sus principales vías urbanas. Se trata de uno de los barrios madrileños sujetos a la operación de reordenación y realojamiento vecinal.El plan de reordenación del Alto de San Isidro y Carabanchel prevé la construcción de 1.200 viviendas, de las que 190 ya se han terminado en la calle de Roger de Flor. Unos 80 vecinos del Alto de San Isidro ya están realojados en estos pisos, que son una monada y que ahora tienen muchos novios", indica Julia García, presidenta de la asociación de vecinos de Carabanchel-San Isidro.

A las familias expropiadas -previa indemnización- se les adjudican viviendas sociales, en régimen de alquiler, construidas en la calle de Roger de Flor, al final de General Ricardos, o en el mismo Alto de San Isidro, donde aún se encuentran en obras.

"Trato injusto"

Sin embargo, cinco familias domiciliadas en la calle del Comandante Cirujeda, en los inmuebles 38 y 40, estiman que están siendo tratadas "injustamente" por la Unidad de Seguimiento número 5 de dicho plan, encargada de efectuar el censo de adjudicatarios de viviendas. Se les ha comunicado verbalmente la orden inmediata de desalojo, pero no se les ofrece a cambio un piso de los ya construidos, sino un barracón prefabricado.Estas cinco familias -las de Rafael Gómez Chillida, Félix Agón, Florencio Cabrero, Miguel Hermoso y Emilio Ruiz- insisten en su derecho "a una vivienda digna , no un barracón".

Juan Antonio Montes, director de la oficina de seguimiento, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, explica, sin embargo, que "estas cinco familias no están incluidas en el censo que se cerró en 1981 ni han presentado alegaciones al respecto, ni siquiera fuera de plazo". Montes añade que "se trata de familias que, aparte la casuística de cada una de ellas, llegaron al Alto de San Isidro con posterioridad a la elaboración del censo y se han instalado ahí para conseguir un piso".

Montes precisa además que "la Administración no los va a dejar en la calle, y, en su turno, se les dará vivienda, pero provisionalmente tienen que instalarse en los barracones prefabricados porque hay otras muchas familias censadas que han sido residentes permanentes en el barrio desde hace 30 y 40 años, y no pueden ser adelantadas por otros de residencia reciente". Las familias que se resisten al desalojo han presentado un interdicto judicial tramitado en el decanato madrileño por el abogado Abel Issac de Bedoya. "La legislación vigente" indica el abogado, "determina una serie de plazos para avisar y ejecutar una expropiación forzosa que aquí no se han cumplido".

El interdicto se ha cursado a raíz de que el pasado día 17, al derribar una finca colindante con los inmuebles que ocupan estas familias, una de las máquinas provocó en éstos el derrumbamiento de la techumbre, que cayó en la vivienda habitada por Joaquina Carmona, de 87 años de edad.

Otro de los vecinos, Rafael Gómez Chilllida, sacó a la mujer de la casa -según relata él mismo- y la trasladó al Equipo Quirúrgico número 1. Según Rafael Gómez, "desde entonces, en las dos casas, la 38 y la 40, estamos casi a la intemperie., porque el destrozo ha sido enorme".

Patrullas policiales

Policía Municipal y Policía Nacional patrullan constantemente por el barrio, en el que apenas restan ya unas pocas casas y chabolas en pie. Junto a las casas bajas comienzan a levantarse las estructuras de las viviendas de promoción pública en construcción, destinadas al realojamiento vecinal, y el conjunto de barracones prefabricados en los que se ha dado cobijo a familias marginadas al lado del cementerio Sacramental de Santa María.Los conflictos en el Alto de San Isidro no se reducen al caso de las familias citadas -la de la anciana Carmona y las cinco que se resisten a la orden verbal de desalojo-, sino que también alcanzan al centenar de barracones prefabricados.

El pasado lunes se produjo "una carga de la policía", dicen los vecinos, "para echar de los barracones a unas 40 familias que se habían metido por el sistema de patada a la puerta".

El director general del Instituto de la Vivienda de Madrid (Invima), José León Paniagua, ha explicado sobre esta operación de desalojo que "numerosas familias de distintos barrios habían ocupado ilegalmente los barracones prefabricados y ha sido necesaria su expulsión, porque esos barracones se destinan al sucesivo alojamiento provisional de aquellas personas censadas en el plan de reordenación y cuyas casas o chabolas se van derribando sin que estén terminados los pisos que se les adjudican".

'Normalidad'

Montes añade que "el derribo de las chabolas debe hacerse en el momento del realojamiento, o antes, porque en caso contrario las chabolas o viviendas desalojadas serían ocupadas de nuevo por otras familias".El desalojo de ocupantes ilegales realizado el pasado lunes "ha creado un ambiente de violencia entre algunas de las familias desalojadas, que se vuelven ahora contra nosotros" dicen los vecinos de la calle del Comandante Cirujeda, a los que se pretende instalar provisionalmente en los barracones.

"Nos hacen responsables de su expulsión porque han oído que nos quieren dar casa allí", dice la esposa de Rafael Gómez Chillida, y añade: "Nosotros no deseamos ir a los barracones. No porque tengamos nada contra los gitanos, con los que hemos convivido desde niños, sino porque tenemos un piso y si lo derriban es justo que nos den otro".

La actuación en el Alto de San Isidro se está desarrollando, en general, con normalidad y satisfacción de los vecinos afectados, según afirman Julia García, y el director del Invima.