Hacienda maneja informes contradictorios sobre la obligación de devolver el recargo en el IRPF

CARLOS GÓMEZ, La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales los recargos municipales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) no obliga al Ministerio de Hacienda, según algunas fuentes jurídicas, a efectuar una devolución de oficio de las cantidades recaudadas. El Ministerio de Hacienda, de acuerdo con dictámenes de sus servicios jurídicos sobre la citada sentencia, anunció pocos días después de producirse el fallo que en los próximos meses reintegraría a los contribuyentes los recargos.

Distintos juristas y catedráticos de Hacienda consultados se han definido por una u otra interpretación de la sentencia, sin que exista una opinión unánime sobre sus efectos. Quienes sostienen que el fallo del alto tribunal no obliga a una devolución de oficio de los recargos municipales arguyen en apoyo de su tesis el artículo 40 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional: "Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso- administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad".Según estas fuentes, los recargos municipales sobre el IRPF no encajan, por una parte, con los supuestos contenidos en el citado artículo 40. Y por otra parte, el Tribunal Constitucional, en su fallo (textualmente: "Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 8º, 1, y 9º, 1" de la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales), no declara inconstitucional la figura del recargo municipal, sino la potestad que se otorgaba en la ley a los Ayuntamientos para que fijen libremente, sin tope alguno, el tipo de gravamen sobre el IRPF.

Esta interpretación jurídica libera a Hacienda y a los municipios de la obligación de devolver de oficio los recargos cobrados (sólo cabría la reclamación individual del contribuyente afectado). Las consecuencias serían el ahorro por la Administración de los 8.000 millones de pesetas previstos inicialmente como devoluciones por el recargo y la gratuidad del enfrentamiento provocado entre los municipios y el Ministerio de Hacienda, en las últimas semanas, sobre qué organismo debe sufragar las devoluciones con cargo a sus presupuestos.

Vicio de nulidad

La interpretación de Hacienda sobre los efectos del fallo, con la que coinciden algunos otros juristas y catedráticos ajenos a la Administración, se sustenta en el artículo 39.1 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional: "Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia".

Hacienda, de acuerdo con este artículo, entiende que a los preceptos declarados inconstitucionales se les atribuye el vicio de nulidad. Y los efectos de la declaración de la nulidad de pleno derecho se producen ex tunc (con retroactividad) afectando a todos los actos derivados del amparo de la misma. "Por tanto", argumenta el ministerio, "desde el momento en que la nulidad de los citados preceptos queda declarada todos los actos o disposiciones dictados anteriormente al amparo de tales preceptos quedarán afectados por dicha nulidad".

Tal conclusión, agregan los juristas de Hacienda, admite únicamente como excepciones las señaladas en la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional (el artículo 40, que excluye la revisión de "los procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada") y las que la doctrina ha denominado situaciones irreversibles (por ejemplo, las derivadas de prescripción de derechos).

"Evidentemente", concluyen, "el supuesto estudiado no puede incluirse en ninguna de estas excepciones". Y añaden que la devolución de oficio de las cantidades recaudadas por el recargo municipal es "una exigencia de nuestro ordenamiento jurídico".