Polémico control informático de los ciudadanos de la RFA

El Gobierno de la República Federal de Alemania ha elaborado un paquete de proyectos de ley sobre seguridad interior que otorgan a la policía y a los servicios secretos amplios poderes para almacenar e intercambiar datos personales de los ciudadanos.Las nuevas leyes, que la coalición de cristianodemócratas de CDU / CSU y liberales del FDP presentará este año ante el Parlamento, han provocado la alarma de la oposición, los intelectuales y todos aquellos que ven el reforzamiento de los controles del Estado por medio de la informática como una grave amenaza para la libertad y la intimidad del individuo.

El Gobierno actual ya intentó hacerse con un amplio banco de datos sobre la población con sus planes para establecer un censo. Su propósito se vio frustrado por una sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de diciembre de 1983 que desautorizaba parte del formulario establecido por considerar que atentaba contra el derecho de todo ciudadano a la autodeterminación informativa y señalaba que todo individuo es propietario de sus datos personales. Por ello, el Estado sólo puede exigir datos al ciudadano si está clara e inequívocamente regulado por una ley que determine también la finalidad del almacenamiento de datos.

Las nuevas leyes parecen ideadas no para evitar el abuso sino para legalizarlo. Las medidas incluyen la implantación de nuevos pasaportes y carnés de identidad no falsificables y legibles por un aparato eléctrico que puede almacenar de inmediato los datos. Cuando a principios de esta década se planteó la implantación del nuevo carné se vinculó a la condición de que se aprobara una ley más restrictiva para el uso de los datos por parte de las autoridades. Esta ley no se hizo; por el contrario, una de las futuras leyes prevé que la Oficina Federal de Protección de la Constitución -dedicada al contraespionaje y actividades antisubversivas-, el Servicio Federal de Información (BND), el Servicio de Información Militar (MAD), la policía y el cuerpo paramilitar de protección de fronteras (BGS) puedan intercambiar datos sobre personas consideradas como sospechosas, tengan o no antecedentes policiales o penales. La policía tendrá acceso al banco de datos de la Oficina Federal de Tráfico. Con 25 millones de vehículos de turismo en el país, este banco de datos es prácticamente un registro global de la población.

Encauzado este camino, temen los críticos de estas leyes, sólo falta ya la interconexión de los bancos de datos de la policía con Hacienda, Seguridad Social, otras ramas de la Administración e institutos de crédito para crear el hombre de cristal, cuya personalidad está en pleno conocimiento del poder. La división de poderes del Estado de derecho se vería quebrada por una interconexión informática de los mismos.

Los partidarios de agotar las posibilidades de la informática para prevenir y perseguir la delincuencia y el terrorismo consideran histérica la postura de los oponentes a estas leyes, según el lema de "quien no hizo nada, nada debe terner".

El Tribunal Constitucional había señalado en 1983 que es inadmisible que un ciudadano no ejerza un derecho constitucional, como el de manifestarse, por miedo a ser incluido en un banco de datos policial. Este temor disuade ya hoy de manifestarse legalmente y podría llegar a disuadir de cruzar una frontera. De ir acompañado de un sospechoso, cualquiera podría verse inmediatamente fichado.