El rechazo a la investidura de Fernández Albor condiciona las fechas del referéndum sobre la OTAN

F. J., El rechazo por el Parlamento de Galicia de la candidatura de Gerardo Fernández Albor como presidente de la Xunta, por 34 votos a favor y 37 en contra, condiciona políticamente las fechas de convocatoria del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, según admitieron ayer medios socialistas. Este referéndum, que difícilmente podría celebrarse antes del próximo día 9 de marzo, debe ser convocado por el Gobierno para antes del día 16 si existe voluntad política de salvar el posible escollo que significaría una convocatoria de nuevas elecciones en Galicia, caso de que las fuerzas políticas gallegas no lleguen a un acuerdo para la investidura de un presidente de la Xunta en los próximos dos meses.

Medios jurídicos consultados ayer por EL PAÍS señalaron que, en el caso de que el referéndum sea convocado para una fecha posterior al 16 de marzo, no podría llegar a celebrarse si el presidente del Parlamento gallego convoca nuevas elecciones autonómicas ese mismo día 16. El artículo 17 de la ley reguladora de la Xunta y de su Presidente establece que "si transcurriesen dos meses a partir de la primera votación de investidura sin que ningún candidato obtuviera la confianza del Parlamento, éste quedará disuelto y se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones". El plazo de dos meses se cumplirá el 16 de marzo.Las disposiciones de la Ley Orgánica del Referéndum (artículo 4, párrafo. 2) señalan que no podrá celebrarse ninguna modalidad de referéndum "en el período comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebración, en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales o de otro referéndum". Aunque el texto de la ley no hace referencia expresa a elecciones autonómicas, la mayor parte de los juristas consultados se inclinan a creer que sí están comprendidas en el espíritu de la ley.

Estas disposiciones legales hacen que el Gobierno disponga apenas de un plazo de ocho días -entre el 9 y el 16 de marzo- para celebrar el referéndum, si quiere asegurarse anticipadamente de posibles peligros de disolución del Parlamento gallego y garantizar de antemano que la consulta popular se llevará a cabo. La celebración de esta consulta antes del día 9 de marzo -algunos medios socialistas filtraron la posibilidad de que tuviese lugar el 6- resulta prácticamente imposible, dado que la Ley del Referéndum prevé que éste tenga lugar al menos 30 días después de la publicación del Real Decreto de convocatoria. Y Este Real Decreto deberá acordarse en un Consejo de Ministros posterior a la celebración del debate parlamentario (que es preceptivo), fijado para el día 4 de febrero y que, presumiblemente, se prolongará hasta el día 6. Resulta, por lo tanto, probable que sea el Consejo de Ministros del viernes, 7 de febrero, el que apruebe el decreto que debe ser sancionado por el Rey.

Asumir el riesgo

Una convocatoria del referéndum para después del 16 de marzo -teóricamente, podría realizarse hasta el día 22 de marzo, dado que las elecciones autonómicas andaluzas tendrán lugar, probablemente, el 22 de junio, aunque aún no estén oficialmente convocadas- supondría, por tanto, que el Gobierno de Felipe González se muestra dispuesto a asumir el riesgo de una disolución del Parlamento gallego el día 16 de marzo, lo que daría al traste con la consulta popular sobre la OTAN.

Sin embargo, la posibilidad de una disolución del Parlamento de Santiago de Compostela y la conguiente convocatoria de nuevas elecciones parece remota a todas las fuerzas políticas consultadas: el presidente de Coalición Galega, Antonio Díaz Fuentes, afirmó que su partido "no tiene voluntad" de que se disuelva el Parlamento autónomo; según el portavoz de Coalición Galega, Pablo González Mariñas, esta posibilidad es "muy remota, aunque es responsabilidad de todos los partidos". También el miembro de la ejecutiva federal del PSOE, Francisco Fernández Marugán, descartó ayer en La Coruña esta posibilidad.